El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tuvo a su vista este jueves el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Partido Radical. La colectividad busca revertir su disolución, medida tomada luego de los resultados obtenidos en las elecciones de diputados de 2025.
La disputa legal cuestiona específicamente la aplicación del artículo 56, numeral 2, e inciso tercero de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Cabe recordar que fue el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) quien dispuso la disolución de trece partidos políticos, incluyendo al Radical, tras la calificación de las parlamentarias de noviembre de 2025 por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Los radicales previamente habían interpuesto un reclamo ante el Tricel, pero el proceso promovido por el abogado Andrés Sepúlveda quedó congelado desde el 8 de abril, mientras que la acción paralela ante el TC avanza con evaluación por parte del tribunal.
Durante la sesión, el relator Sebastián López Magnasco expuso los antecedentes, señalando que la agrupación política está reclamando contra la norma que permite disolver a partidos que no alcanzarán el 5% de los sufragios válidamente emitidos en al menos ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas.
Alberto García Olave, abogado que representó al partido ante el Pleno del TC, fundamentó el requerimiento planteando una diferenciación clave entre el proceso de 2025 y el de las municipales de 2024. García Olave argumentó que la elección del año pasado “fue una elección particularmente polarizada, donde los grandes grupos políticos buscaron alinearse en listas mayoritarias”.
El abogado puntualizó que “la elección de 2025 contiene aspectos de hecho que son objetivos y acreditables y que significaron una incapacidad del partido en orden a poder ejercer su, por así decir, lucha por la representación en términos territoriales normales”. En contraste, García Olave destacó el desempeño en el ciclo anterior: “En la elección de 2024, que es una elección que está también reconocida en términos constitucionales, el partido pudo competir sin ninguna cortapisa desde Arica a Punta Arenas. Y en esa elección el partido obtuvo 658 mil votos que corresponden al 6,41% del total de los votos emitidos y pudo elegir el 7,01% de los concejales a nivel nacional”.
García Olave insistió en que aplicar la norma en esas condiciones genera efectos constitucionales al transgredir el pluralismo político.
Por su parte, Sebastián Schmitt Gatica, Jefe División de Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos del Servel, defendió la legalidad del mecanismo. Schmitt Gatica indicó que “la disolución de un partido no es un efecto extraño para la propia Constitución, respecto a su organización ni tampoco es un efecto contrario al pluralismo político”. Añadió que “Privar a esta norma de aplicación sería entonces privar o no tener un efecto útil a la remisión que la Constitución hace al legislador orgánico constitucional para poder regular estas materias”.
Históricamente, el Partido Radical nació en 1863, surgiendo de asambleas en el norte de Chile tras la derrota del bando rebelde en la Revolución de 1859. La colectividad ha jugado roles fundamentales en la historia política nacional, siendo punta de lanza del Frente Popular, periodo en el que logró instalar a tres de sus militantes en la Presidencia de la República: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952). Toda esta trayectoria histórica está ahora en manos del TC.
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