Un diputado de la República señaló que, si bien Chile necesita ordenar sus fronteras y ejecutar órdenes de expulsión, la reforma propuesta debe enfocarse en mejorar la gestión estatal y no solo en aumentar los días de detención.
El legislador coincidió en que el país requiere control fronterizo y cumplimiento de las decisiones estatales. Sin embargo, cuestionó si el proyecto de ley, tal como estaba redactado, mejoraría efectivamente la capacidad de expulsar personas o si solo generaría un aumento burocrático de detenciones.
Los datos operativos, según el diputado, sugieren que la discusión debe centrarse en la eficiencia. La PDI presentó ante la Comisión de Constitución antecedentes que revelaron que, de 1.247 casos de expulsión administrativa analizados durante el año, solo 53 no pudieron concretarse en el lapso de cinco días. Esto implica que aproximadamente el 96% de los casos sí se ejecutaron dentro del plazo actual.
Esta estadística demuestra que, si bien existen casos excepcionales donde los cinco días resultan insuficientes, no tiene sentido deteriorar un proceso que funciona para solucionar fallas puntuales. Argumentó que el objetivo no debe ser simplemente otorgar más tiempo al Estado.
Mecanismos de extensión versus mejora de gestión
En lugar de una extensión automática de plazos, la solución propuesta debe ser más exigente con la autoridad. Si transcurridos cinco días existen razones fundadas que impiden la ejecución, la detención podría extenderse. No obstante, la autoridad debe explicar detalladamente qué ocurrió, qué diligencias realizó y por qué necesita más tiempo. Este período adicional debe ser revisado de manera expedita por un juez.
El legislador enfatizó que el propósito no es permitir que el Estado tenga más tiempo cuando realmente lo necesita, sino evitar que el tiempo adicional simplemente sustituya a una gestión deficiente.
Además, señaló un problema material que ninguna reforma constitucional resuelve: la infraestructura. La PDI reportó que su centro de retención en Santiago solo cuenta con 50 cupos, y que no existen recintos regionales equivalentes para permanencias superiores a los cinco días. Sin coordinación consular, documentación oportuna o disponibilidad de vuelos, aumentar los plazos sin resolver la infraestructura solo resultaría en más personas detenidas sin aumentar las expulsiones.
Finalmente, el experto concluyó que la seguridad nacional depende de exigir resultados al Estado. Por ello, sugiere que el Gobierno utilice la vía parlamentaria disponible para buscar un acuerdo claro: mantener la regla de expulsión rápida, permitir extensiones solo por razones fundadas, asegurar una revisión judicial expedita después del plazo inicial, y entregar a la PDI las herramientas necesarias para la ejecución.
La discusión, según el diputado, nunca debió estar en duda si Chile debe expulsar a quienes tienen orden. La debate real radica en si se busca aumentar los días de detención o construir un sistema que permita expulsar de manera más rápida y efectiva.
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