El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, manifestó su profunda preocupación y crítica ante una reciente orden judicial que autoriza el traslado de un reo en régimen de máxima seguridad a otro establecimiento penitenciario. La decisión, según Arrau, representa un “serio riesgo” para la seguridad penitenciaria y de todos los ciudadanos.
El caso específico involucra a Ronald Quiñones Quintero, un ciudadano ecuatoriano vinculado a la banda “Sicarios del Gran Concepción”. Quiñones enfrenta cargos graves, incluyendo homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. Actualmente, se encontraba recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua bajo un régimen de máxima seguridad.
Sin embargo, un recurso presentado por la defensa de Quiñones resultó en una orden judicial que dispone su traslado a la cárcel de Punta Arenas. El ministro Arrau detalló a través de sus redes sociales que esta medida se ejecutará a pesar de los informes de Gendarmería. “Gendarmería informó que ese penal no cuenta con dependencias de máxima seguridad, apelando infructuosamente a la medida”, señaló Arrau, subrayando la falta de respuesta a las advertencias técnicas.
Arrau cuestionó la decisión judicial, afirmando que “esta decisión de la justicia, pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”. Añadió que cuando una resolución judicial ignora los informes técnicos de Gendarmería, se debilita el orden y la segmentación necesaria dentro de las cárceles. “Favoreciendo que los recintos penitenciarios sigan siendo escuelas del delito”, concluyó.
Ronald Quiñones Quintero se encontraba en prisión preventiva desde 2025. Su detención se produjo en el marco de una investigación por una serie de homicidios por encargo ocurridos en el Gran Concepción. En esa causa, cinco personas fueron formalizadas: tres chilenos y dos ecuatorianos, quienes presuntamente se encargaban de ejecutar los crímenes.
Entre los actos atribuidos a la banda se cuentan un homicidio ocurrido el 1 de junio de 2025, a las afueras de un local nocturno en Concepción, y dos homicidios frustrados perpetrados los días 18 y 19 de julio en el sector de Palomares.
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