La decisión del Gobierno de adherir a Chile al Escudo de las Américas ha generado un intenso debate político y una significativa tensión en el ámbito institucional chileno. La instancia, que amplía la cooperación internacional a 15 países, busca reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante varios objetivos concretos. Entre estos fines se incluyen el intercambio de información de inteligencia, el acceso a nuevas tecnologías, la facilitación de controles fronterizos, el análisis de datos y la capacitación de las policías de la región.
El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la incorporación en una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN. Según Alvarado, el acuerdo debe entenderse como una “declaración política de cooperación entre 15 países”. Fue enfático en desvincular la participación de cualquier compromiso jurídico o alianza militar para Chile, aclarando que el documento no constituye un tratado ni establece obligaciones legales para la nación. Además, el ministro aseguró que la decisión de sumarse al acuerdo fue tomada por el Gobierno “por convicción”, desestimando cualquier sugerencia de que existiera una presión proveniente de Estados Unidos.
Alvarado abordó también las declaraciones conjuntas de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes expresaron preocupación por la adhesión. Si bien el ministro reconoció que las diferencias políticas son legítimas, cuestionó el método empleado para manifestarlas. Sugirió que, tratándose de expresidentes, lo apropiado habría sido solicitar una reunión y conversar el asunto en privado, en lugar de exponer públicamente sus diferencias con la actual política exterior del país. También rechazó los cuestionamientos sobre soberanía, afirmando que el acuerdo contempla el respeto a la autonomía de cada nación, pues “cooperar no es subordinarse a nada”.
La controversia escaló hasta el ámbito parlamentario, pues el canciller Francisco Pérez Mackenna se vio forzado a enfrentar una interpelación sin precedentes ante el Congreso Nacional. Este evento se motivó directamente por la adhesión al Escudo de las Américas. El mecanismo de interpelación fue aprobado por la Cámara Baja por 59 parlamentarios, con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. Pérez Mackenna se convirtió en el primer ministro del gobierno de José Antonio Kast en ser interpelado bajo este mecanismo parlamentario, el cual se espera que abordara 13 materias distintas el lunes 28 de septiembre.
Las críticas más contundentes provinieron de la oposición. Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, lanzó una crítica severa, calificando la gestión de la política exterior chilena como la “peor desde el retorno a la democracia”, describiéndola como errática, débil y poco transparente. Soto sugirió que tanto el Presidente Kast como el canciller Pérez Mackenna han tomado decisiones más alineadas con un “nicho electoral, ideológico, más afín” que con una visión de Estado para todo el país. En un cuestionamiento directo, Soto afirmó que a Kast “le ha faltado coraje y patriotismo para defender el interés de Chile y los chilenos”.
Por su parte, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, cuestionó la declaración de los exmandatarios, sosteniendo que sus reparos provocan un “daño enorme” a la posición internacional de Chile. Squella defendió la decisión del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado junto a la región, señalando que la intervención de los exmandatarios era innecesaria. El dirigente republicano también atribuyó parte de la controversia al rol de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien, según Squella, convocó la iniciativa, haciendo que la alianza fuera un evento de gran celebración para la mayoría.
En paralelo a las tensiones políticas, se abordaron temas de soberanía regional. El Estrecho de Magallanes fue un foco de preocupación, pues autoridades argentinas, como el canciller Pablo Quirno, se refirieron a Argentina como “bicontinental y bioceánico”. A esto se sumó la senadora Patricia Bullrich, quien incluyó el Estrecho de Magallanes entre zonas de control estratégico argentino, aunque posteriormente se retractó de su afirmación.
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