La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves una reforma a la Ley de Glaciares, la cual autoriza las operaciones mineras en áreas de glaciares y permafrost de alta sensibilidad ecológica.
La Cámara Baja sancionó el proyecto con 137 votos a favor y 111 en contra, tras un debate que se extendió por casi 12 horas. La enmienda, que ya contaba con el aval del Senado desde febrero, flexibiliza las restricciones a la extracción de metales como el litio, el cobre y la plata en la cordillera de los Andes.
El presidente Javier Milei ha impulsado esta legislación como una estrategia para atraer proyectos mineros de gran escala. El Gobierno sostiene que la medida es fundamental para el crecimiento económico, especialmente en un contexto donde Argentina busca expandir su producción de litio para el sector global de energías limpias.
"Los ambientalistas preferirían vernos morir de hambre antes que permitir que se toque nada", afirmó Milei, desestimando las críticas al proyecto.
Reacción ambientalista y protestas
La victoria legislativa desencadenó protestas inmediatas en Buenos Aires. El miércoles, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso, lo que derivó en enfrentamientos esporádicos con la policía.
Siete activistas de Greenpeace fueron detenidos tras trepar una estatua frente al Parlamento para desplegar una pancarta de protesta. Los manifestantes portaban carteles con consignas como "¡El agua es más valiosa que el oro!" y "¡Un glaciar destruido no se puede restaurar!".
Los defensores del medio ambiente sostienen que la reforma debilita la protección de fuentes de agua vitales. Flavia Broffoni, una activista presente en la protesta, declaró a la agencia AFP que la realidad científica contradice las promesas de sostenibilidad del Gobierno.
"La ciencia es clara... no existe absolutamente ninguna posibilidad de crear lo que llaman una 'mina sostenible' en un entorno periglacial", señaló Broffoni.
Bajo la ley vigente, un organismo científico es el encargado de designar qué glaciares y entornos periglaciares reciben protección. La nueva enmienda traslada más poder a las provincias, permitiéndoles decidir qué áreas son aptas para la explotación económica.
Datos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ciencias Ambientales muestran que las reservas glaciares en el noroeste del país ya se han reducido un 17 por ciento durante la última década debido al cambio climático.
Nicolás Mayoraz, diputado de la oficialista La Libertad Avanza, defendió el proyecto, afirmando que el Gobierno cree que "es posible combinar la protección ambiental con el desarrollo sostenible".
