La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, dictaminó que la Tesorería General de la República posee la facultad legal para perseguir el cobro de las deudas pendientes del programa de Crédito con Garantía Estatal (CAE) mediante procedimientos administrativos.
La resolución, emitida con fecha 7 de abril, valida los recientes esfuerzos del Gobierno por recuperar la morosidad de los créditos estudiantiles utilizando los procedimientos establecidos en el Código Tributario.
El dictamen de Pérez surge tras una solicitud formal de pronunciamiento jurídico realizada por el ex diputado Miguel Mellado, quien buscaba aclarar la obligación del Estado de cobrar los créditos CAE en aquellos casos donde la garantía estatal ya ha sido ejecutada.
Planificación de auditorías bajo revisión
En su resolución, Pérez precisó que la Tesorería es el organismo principal responsable del cobro de estos créditos específicos, de acuerdo con la Ley N° 20.027.
“La Tesorería es el ente encargado de su cobro, sin perjuicio de que, para tal efecto, pueda celebrar mandatos o convenios de administración con las respectivas entidades financieras”, señaló la Contralora.
El fallo pone fin a la controversia jurídica sobre si la Tesorería debe recurrir a litigios en tribunales civiles ordinarios o si puede utilizar los procedimientos administrativos contemplados en el Código Tributario. Pérez confirmó que la Tesorería es “el órgano obligado por el ordenamiento jurídico a ejercer las acciones de cobro correspondientes”.
Más allá de la validación legal, Pérez indicó que la Contraloría evaluará el proceso de cobranza para una futura fiscalización. Asimismo, señaló que la solicitud servirá como un “insumo en el proceso de planificación de las auditorías que realiza regularmente este organismo de control”.
El dictamen otorga respaldo jurídico a la estrategia actual del Gobierno para presionar a los deudores. Acciones recientes de la administración se han centrado en personas de altos ingresos, con rentas mensuales superiores a los cinco millones de pesos, al tiempo que se ha notificado a otros deudores sobre posibles embargos para forzar la firma de convenios de pago.