El Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío ha instruido un sumario administrativo contra Tania Aguilera, jefa de la División de Administración y Finanzas, tras las denuncias de que habría frecuentado un casino mientras desempeña un cargo responsable de la custodia de fondos públicos.
Bajo la legislación chilena, los funcionarios públicos y municipales encargados de la administración de dinero estatal tienen estrictamente prohibido participar en juegos de azar. La investigación se origina a partir de un informe que abarca el periodo entre enero de 2024 y junio de 2025, en el cual se identificó a servidores públicos que habrían infringido esta normativa.
Juan Pablo Besser, gobernador interino del Bío Bío, confirmó que la administración regional recibió una notificación oficial de la Contraloría respecto a una funcionaria que habría visitado un casino en infracción a la ley. "Tomamos conocimiento a través de un oficio de la Contraloría sobre una funcionaria del gobierno regional que presuntamente acudió a un casino, a pesar de tener la prohibición de hacerlo", señaló Besser.
Investigación interna en curso
La indagatoria, que se inició la semana pasada, busca determinar si las actividades de juego ocurrieron tras la asunción de Aguilera como jefa de finanzas el pasado 6 de enero. Según la investigación, la funcionaria habría realizado transacciones por un monto aproximado de 390.000 pesos.
Los consejeros regionales han exigido claridad conforme avanza el proceso. Luis Santibáñez, consejero regional, enfatizó la importancia de respetar el debido proceso mientras se esperan los resultados de la investigación interna. "Es un proceso en desarrollo y espero que concluya con la mayor transparencia posible", afirmó Santibáñez.
Otros funcionarios han adoptado una postura más crítica. Marcelo Rivera, también consejero regional, destacó la gravedad de las acusaciones dada la posición de confianza que ocupa Aguilera bajo la administración del gobernador Sergio Giacaman. "Este caso es particularmente grave porque involucra a la persona encargada de gestionar los recursos del Gobierno Regional", sostuvo Rivera.
Rivera argumentó que la autoridad regional debe llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, señalando que, de estar en la posición del gobernador, ya habría procedido con la destitución de la funcionaria. La investigación formal del gobierno sigue siendo el mecanismo principal para determinar si corresponde una medida disciplinaria o el cese de sus funciones.