La Cámara de Diputados de Argentina sancionó este jueves una reforma a la Ley de Glaciares que permite flexibilizar las restricciones para la actividad minera en la cordillera de los Andes. Tras más de 10 horas de debate, la iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, completando su trámite legislativo tras la aprobación previa del Senado en febrero.
El presidente Javier Milei celebró la medida como un triunfo de la soberanía económica. "Nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente para la explotación de sus recursos", afirmó el mandatario en un comunicado oficial tras la votación.
La nueva normativa modifica la ley 26.639, vigente desde 2010. Según la Oficina del Presidente, la redacción original era "confusa" y generaba interpretaciones que prohibían la minería incluso en áreas donde no existían glaciares que proteger. El Gobierno sostiene que el cambio permitirá destrabar inversiones por un valor estimado de 20.000 millones de dólares.
El impacto del nuevo control provincial
El punto central de la reforma es la descentralización: a partir de ahora, las provincias tendrán la facultad de decidir qué cuerpos de hielo deben protegerse y en qué zonas es aceptable desarrollar actividad minera. Esta medida cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias andinas como San Juan, Mendoza, Catamarca y Salta, donde se concentran los mayores proyectos de extracción de cobre, litio, oro y plata.
Los sectores opositores y organizaciones ambientales han cuestionado duramente la reforma, calificándola de inconstitucional. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció durante la sesión que "el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley".
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, advirtió que la norma está "hecha a medida de grandes mineras transnacionales" y pone en riesgo las reservas de agua dulce que abastecen al 70% de la población argentina. Simultáneamente, miles de manifestantes se movilizaron bajo consignas como "el agua vale más que el oro" para rechazar el impacto de la actividad extractiva en el ecosistema andino.
El Instituto Argentino de Nivología y Glaciares (IANIGLA) ha señalado que los glaciares en el noroeste argentino ya se han reducido un 17% en la última década debido al cambio climático. Su director, Pablo Villagra, criticó que la reforma subordina el criterio científico a los intereses políticos de las autoridades provinciales.
El Gobierno insiste en que el modelo a seguir es el de Chile, país con el que Argentina comparte 5.000 kilómetros de frontera cordillerana. El oficialismo busca igualar la capacidad exportadora del país vecino, que generó ingresos superiores a los 60.000 millones de dólares en 2025. Según proyecciones del Banco Central, la flexibilización de las normas ambientales podría permitir a Argentina triplicar sus exportaciones mineras hacia el año 2030.
