El pasado miércoles 15 de abril, Sudán conmemoró el sombrío tercer aniversario de su guerra civil, mientras la población civil sigue sufriendo el mayor impacto de un conflicto que la comunidad internacional suele malinterpretar. Aunque los observadores globales suelen presentar la violencia como un duelo entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), muchos en el terreno rechazan esta visión simplista.
La analista política Kholood Khair sostiene que centrarse exclusivamente en los dos generales que lideran las facciones en conflicto oculta la verdadera realidad de la violencia. Afirma que la guerra funciona como una campaña deliberada contra la población civil de Sudán, en lugar de ser un enfrentamiento militar convencional.
Este sentimiento es compartido por investigadores que han documentado la destrucción sistemática de infraestructuras y medios de subsistencia en todo el país. Hend Kheiralla, investigadora especializada en la región, señala que el impacto en la vida cotidiana sugiere una estrategia diseñada para desplazar y marginar al pueblo sudanés.
El costo humano de un conflicto sistémico
Durante tres años, los combates han diezmado los centros urbanos y destruido el tejido social de la nación. Los civiles denuncian que la terminología utilizada por los medios internacionales suele ignorar sus vivencias, reduciendo su sufrimiento a una disputa logística entre las élites militares.
Al presentar el conflicto como una lucha entre dos hombres, los actores internacionales pasan por alto la violencia estructural inherente al desarrollo de la guerra. Los analistas señalan que tanto las RSF como el ejército nacional han empleado tácticas que priorizan el control territorial mediante el terror a la población civil, en lugar de buscar victorias militares convencionales en el campo de batalla.
Al entrar la guerra en su cuarto año, la desconexión entre la información externa y la realidad local sigue siendo un punto de conflicto. Los activistas sudaneses están presionando por un cambio de narrativa que priorice la protección de la población por encima de las ambiciones políticas de los comandantes militares. Argumentan que, mientras la comunidad internacional no reconozca el carácter anti-civil de la guerra, los esfuerzos diplomáticos no lograrán abordar la raíz de la crisis.