Liquidar un crédito hipotecario ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no transfiere automáticamente la propiedad total del inmueble al usuario. El organismo advierte que, sin la gestión de la carta de cancelación de hipoteca, la vivienda sigue bajo garantía del instituto, lo que impide al acreditado disponer libremente de su patrimonio.
Este proceso es indispensable para formalizar la titularidad legal. Según reportes del Centro de Ayuda del Infonavit, mientras la garantía hipotecaria permanezca activa en el Registro Público de la Propiedad, el titular no podrá vender ni heredar el bien inmueble.
Pasos para la liberación legal
El primer paso para los usuarios es ingresar al portal 'Mi Cuenta Infonavit' utilizando su Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña. En la sección 'Saldos y Movimientos', el derechohabiente debe confirmar que el estatus de su deuda aparezca como 'Liquidado'.
Los trabajadores asalariados deben generar adicionalmente un aviso de suspensión. Este documento es necesario para notificar al patrón y detener las retenciones salariales destinadas al pago del crédito. Los acreditados independientes o quienes no tengan una relación laboral activa al momento de la liquidación están exentos de este trámite.
Una vez cumplidos estos requisitos, el sistema permite generar la 'Carta instrucción de cancelación de hipoteca'. Para este procedimiento, el usuario debe tener a la mano las escrituras digitalizadas de la propiedad. Este documento sirve como base para iniciar el trámite de liberación de gravamen ante una Notaría Pública o el Registro Público de la Propiedad local, dependiendo de la legislación de cada estado.
El Infonavit enfatiza que ignorar este proceso conlleva riesgos financieros y legales significativos. La falta de cancelación deja una carga o gravamen sobre la propiedad, lo que reduce el valor del inmueble en el mercado y dificulta la obtención de créditos futuros para el propietario. Además, posponer este trámite suele derivar en costos notariales más elevados y procedimientos administrativos de mayor complejidad a largo plazo.
