Cuatro detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron detenidos en operativos realizados en las regiones de Antofagasta y Bío Bío, bajo acusaciones de delitos contra la administración pública. La investigación, que involucra malversación de caudales públicos y lavado de activos, se centra en la presunta apropiación de bienes incautados en la provincia de El Loa.
De acuerdo con lo informado por BioBioChile, la detención de uno de los implicados se produjo en la comuna de Los Ángeles, en la región del Bío Bío. Este funcionario fue capturado por personal del OS7 de Carabineros y sometido a una audiencia telemática ante el Juzgado de Garantía de Calama.
El caso involucra la pérdida de aproximadamente 70 millones de pesos en efectivo y joyas. Según reportó Cooperativa, estos bienes habían sido recuperados tras un robo de cobre en la división Ministro Hales de Codelco.
La red de corrupción y las medidas cautelares
La fiscalía de Calama lidera la investigación, la cual apunta a una estructura que incluía a miembros de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim). Según los antecedentes de Cooperativa, entre los detenidos se encuentran un comisario y un agente, ambos acusados de apropiarse de las especies incautadas.
El tribunal decretó la prisión preventiva para dos de los funcionarios. Uno de ellos, capturado en Los Ángeles, será trasladado a la ciudad de Concepción para cumplir la medida, mientras que el segundo imputado, arrestado en Antofagasta, permanecerá en un cuartel de la PDI en esa misma ciudad para evitar la coordinación entre los involucrados.
Los cargos formales incluyen malversación de caudales públicos, lavado de activos, robo con intimidación y obstrucción a la investigación. La investigación también alcanzó a un subcomisario de la misma brigada, quien recibió la medida de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al cuartel de la PDI en Calama.
Un cuarto implicado, identificado por BioBioChile como la esposa de uno de los agentes, enfrenta cargos por lavado de activos. Sobre ella se dispuso el arresto domiciliario y la obligación de realizar firmas quincenelares.
La unidad especializada del OS7 de Carabineros es la encargada de indagar estos delitos de alta complejidad. El tribunal ha fijado un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual se buscará esclarecer el alcance total de la red y determinar si existen más responsables en el caso.
