La propuesta del gobierno de José Antonio Kast para desregular el suelo en Chile plantea un riesgo de mayor exclusión habitacional al debilitar los instrumentos de planificación urbana, según informó elmostrador.cl.
El plan busca modificar el cálculo de habitantes por vivienda, reduciendo el estándar de 4 personas a 2,8. Esta medida permitiría construir más unidades en el mismo terreno con menores exigencias normativas.
Sin embargo, el medio advierte que la medida no incluye mecanismos que obliguen a trasladar la reducción de costos a precios más accesibles para la población.
En un mercado con competencia concentrada, el beneficio directo de esta desregulación lo captura el desarrollador inmobiliario. Esto convierte la vivienda en un activo financiero para la valorización, más que en un espacio para habitar.
El impacto en el mercado de arriendos
La crisis no solo se manifiesta en la falta de oferta, sino en la inalcanzabilidad de la propiedad. El déficit habitacional en el país se estima en 663 mil hogares para el año 2025, según cifras de Déficit Cero.
En la última década, los precios de la vivienda han subido cuatro veces más que los ingresos reales de los hogares. Actualmente, solo el 17% de los hogares chilenos puede acceder a un crédito hipotecario, de acuerdo con la plataforma Toctoc.
Esta situación ha desplazado a la población hacia el mercado del arriendo, que ya alcanza al 26,2% de los hogares chilenos según el Censo 2024. No obstante, este sector carece de regulación, transparencia y protecciones para los arrendatarios.
Los contratos suelen pactarse en UF, mientras los salarios no se indexan mensualmente. Además, no existen límites legales claros para los meses de garantía ni un registro público de precios por barrio.
La asimetría de información afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Más de 560.000 hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de alquiler, según datos de la encuesta Casen 2022.
Para revertir esta situación, se proponen medidas como prohibir el uso de la UF en contratos de arriendo y limitar el depósito de garantía a un mes. También se plantea la creación de Zonas de Arriendo Protegido donde los aumentos no superen el IPC.
Otras propuestas incluyen la creación de un Observatorio Público del Mercado del Arriendo y la aplicación de renta presunta a viviendas desocupadas para frenar la retención especulativa.
