El Senado de la República aprobó con 7adamente 75 votos a favor y 36 en contra una reforma a la Ley de Vivienda que faculta al Infonavit y al Fovissste para utilizar los recursos de los trabajadores en la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles.
De acuerdo con reportó xataka.com.mx, la modificación abarca 17 artículos de la legislación vigente. La medida permite que estas instituciones utilicen fondos de sus subcuentas para urbanizar terrenos y crear unidades habitacionales destinadas a la enajenación o el arrendamiento.
La reforma busca armonizar la ley con las modificaciones constitucionales de 2024. Bajo este nuevo esquema, las instituciones podrán emplear los ahorros acumulados para proyectos de infraestructura habitacional y servicios básicos.
Nuevos estándares y críticas por el uso de fondos
El texto legal sustituye el concepto de "vivienda digna y decorosa" por el de "vivienda adecuada". Según el Senado, este término define hogares con elementos de accesibilidad, adecuación cultural y asequibilidad, evitando que los costos financieros comprometan otros gastos del núcleo familiar.
Esta nueva definición busca alinearse con los parámetros internacionales establecidos por ONU-Habitat, garantizando la seguridad en la tenencia y el acceso a servicios esenciales.
Sin embargo, la propuesta generó resistencia entre la oposición. La senadora Karla Toledo, del PAN, señaló que la reforma otorga al "gobierno de Morena" el control sobre dónde construir y "a quién entregará la vivienda".
La preocupación central radica en el uso de los fondos de las subcuentas de vivienda, que ascienden a 2.4 billones de pesos. Legisladores han denunciado que la medida permite al Estado utilizar el ahorro de los trabajadores sin su consentimiento previo.
Por su parte, la senadora Mely Romero, del PRI, aunque celebró la alineación con los estándares de las Naciones Unidas, cuestionó la posibilidad de que los recursos terminen en manos de "una constructora estatal opaca".
La falta de transparencia sobre el destino de estos recursos sigue siendo el punto de mayor fricción. Los críticos exigen reglas claras que impidan la pérdida del patrimonio y garanticen la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos de vivienda y las Afores.
