La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó ante el Ejecutivo y el Legislativo la necesidad de una reforma legal o constitucional que regule el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Chile, según informó latercera.com.
El anuncio se realizó este miércoles durante el seminario “Cumplimiento en Chile de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, organizado por el Poder Judicial en el Palacio de Tribunales. En el evento participaron autoridades como el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Chevesich advirtió que la falta de una normativa clara genera dificultades operativas. “La ausencia de una regulación procedimental específica plantea desafíos muy complejos para los distintos órganos llamados a intervenir en su implementación”, señaló la magistrada.
La ministra detalló que, ante el vacío legal, el máximo tribunal ha tenido que recurrir a soluciones interpretativas o mecanismos ad hoc. Citó específicamente los casos “Maldonadamente Vargas y otros vs. Chile”, “Norín Catrimán y otros vs. Chile” y “Vega González y otros vs. Chile”.
Tensiones en la aplicación de fallos
La aplicación de la sentencia del caso “Vega González y otros versus Chile” ha sido un punto de alta tensión. En dicho proceso, la Corte IDH ordenó al Estado chileno revertir beneficios de reducción de penas en 14 causas relacionadas con derechos humanos.
Este fallo obligó al máximo tribunal a aumentar penas en condenas contra ex agentes del Estado, lo que derivó en el reingreso de algunos condenados por delitos de lesa humanidad a las cárceles. La falta de un procedimiento establecido para estos casos fue cuestionada por las defensas técnicas.
El ministro Manuel Valderrama, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, explicó que la Sala Penal ha debido abordar tópicos que tensionan el sistema normativo. Valderrama destacó la necesidad de dotar al sistema de normas procedimentales para futuros casos mediante un debate técnico y constructivo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, coincidió con la necesidad de un marco institucional. Según reportó latercera.com, Rabat señaló que la carencia de un mecanismo integral ha obligado al Estado a desarrollar respuestas improvisadas que no garantizan la coordinación ni la sostenibilidad en el tiempo.
Chevesich reiteró que, aunque la disposición del Poder Judicial para cumplir las resoluciones es clara, es imperativo establecer reglas y procedimientos para el curso interno de las decisiones del tribunal regional.
