El Gobierno ha enfrentado un nuevo tropiezo legislativo tras el rechazo por parte de la Comisión de Seguridad del catálogo de conductas destinado al Registro de Incivilidades. Este resultado se atribuye directamente a la abstención de la diputada Paulina Muñoz, miembro del Partido Nacional Libertario. El oficialismo ha reconocido este fallo, calificándolo como el “corazón del proyecto”, y ha manifestado su intención de intentar reponer las normas durante la discusión que se lleve a cabo en la Sala de la Cámara de Diputados.
El proyecto, que busca crear registros específicos para Actos Vandálicos e Incivilidades, se encontraba en la Comisión de Seguridad, donde el Ejecutivo había otorgado urgencia de discusión inmediata. Durante la tarde de ayer, la comisión procedió a votaciones sin la presencia del Ejecutivo. Los parlamentarios tuvieron que pronunciarse sobre los numerales que establecían como causales de ingreso al Registro de Incivilidades. Estas causales incluían la alteración del orden público, los daños a la propiedad, incluso si eran inferiores a una UTM, y el consumo de drogas en la vía pública.
La votación en el artículo 7 concluyó con cinco votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, lo que resultó en el rechazo de dichas normas. La atención se centró en la abstención de la diputada Paulina Muñoz, cuyo voto fue determinante para el desenlace en la comisión. Desde el oficialismo, se manifestó la expectativa de recuperar estas disposiciones en la Sala de la Cámara de Diputados. El diputado Mauro González, de Renovación Nacional, declaró que esperaban poder recuperar los artículos sobre incivilidades en la sala, señalando que sería necesario presentar una indicación para intentar reponer el texto original.
La oposición valoró el resultado de la votación, señalando la importancia de la acción de la diputada Muñoz. Tatiana Urrutia, integrante del Frente Amplio, valoró la acción de su colega, quien, según Urrutia, “tomó conciencia de lo malo que es este proyecto”. Además, Urrutia anticipó posibles acciones legales, sentenciando que “suponemos que el Tribunal Constitucional va a terminar de eliminar y finalmente esto va a ser letra muerta”.
Detrás del rechazo legislativo, fuentes de Radio Bío Bío reportaron una marcada disputa interna dentro de la comisión. La diputada Gloria Naveillán protagonizó un intercambio tenso con el presidente de la comisión, el diputado republicano Cristián Araya. La molestia de Naveillán se centró en el procedimiento de convocatoria, cuestionando que el Gobierno hubiera ingresado la urgencia de discusión inmediata en la cuenta de interpelación parlamentaria. También criticó que Araya hubiera citado a la Comisión para las 17:00 horas sin proveer la debida anticipación a través del grupo de WhatsApp de la instancia.
Las críticas procedimentales no se limitaron a la convocatoria. Parlamentarios de oposición cuestionaron públicamente que se acordara limitar el debate y reducir los tiempos de intervención. Adicionalmente, se señaló que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) no estuvo presente durante la sesión. Esta ausencia generó nuevas críticas a la institución estatal, especialmente considerando que el propio Gobierno había otorgado discusión inmediata a la iniciativa.
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