Irán ha condenado a muerte al menos a tres mujeres por su presunta implicación en las protestas nacionales de enero de 2026, según informan diversos reportes de irannewswire.org.
Organizaciones de derechos humanos y reportes de la entidad Hengaw han identificado a las condenadas como Ameneh Soleimani, Maryam Hodavand y Bita Hemmati. Estas sentencias representan una escalada significativa en la represión del gobierno iraní contra la disidencia.
Ameneh Soleimani, médica de profesión, se enfrenta a la pena capital tras ser acusada de haber atendido a manifestantes heridos. Grupos de derechos humanos sostienen que se le imputaron delitos de seguridad a pesar de que sus acciones se limitaron estrictamente a brindar asistencia médica.
Por su parte, Maryam Hodavand también ha sido sentenciada a muerte bajo acusaciones de participar en las protestas y mantener vínculos con actividades de la oposición. Aunque los detalles de su juicio aún no han sido verificados, fuentes de derechos humanos confirmaron que la sentencia ya ha sido dictada.
Bita Hemmati fue señalada anteriormente como una de las primeras mujeres manifestantes en recibir una sentencia de muerte tras los disturbios de enero. Se le imputan cargos que incluyen colusión y actividades contra el Estado, si bien los expedientes judiciales completos no se han hecho públicos.
Los informes de derechos humanos indican que el uso de la pena de muerte contra mujeres señala un cambio de estrategia, utilizando las ejecuciones como un mecanismo de disuasión para evitar nuevos disturbios civiles. Diversas organizaciones advierten que estos casos podrían sentar un precedente para una represión cada vez más expansiva.
Se informa que otra mujer detenida también se enfrenta a la pena de muerte, aunque su identidad aún no ha sido confirmada. Analistas sugieren que la intensificación de la pena capital es una respuesta directa a las protestas de enero.
Los reportes indican que miles de personas han muerto desde que comenzaron las protestas en enero, aunque estas cifras carecen de verificación independiente. Muchos otros permanecen detenidos en distintos puntos del país.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que estas ejecuciones podrían llevarse a cabo de forma acelerada y sin previo aviso público. Por ello, hacen un llamado urgente a la intervención internacional para evitar que se ejecuten las sentencias.
