Cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos en Chile no alcanzan la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad establecida por la normativa vigente, según informó el medio elmostrador.cl.
La Fundación Wazú alertó que el bajo cumplimiento de la Ley N°21.015 mantiene amplias brechas para este colectivo. La organización estima que, de mantenerse la tendencia actual, el país tardaría hasta 28 años en lograr la implementación plena de la ley.
La normativa, vigente desde 2018, obliga a instituciones públicas y empresas con más de 100 trabajadores a destinar al menos un 1% de sus puestos a personas con discapacidad o pensionadas por invalidez.
Sin embargo, datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia correspondientes a agosto de 2025 muestran que solo el 23,9% de las empresas privadas cumple con la cuota. En el sector público, el cumplimiento apenas llega al 24,8%.
Brechas en el empleo y falta de fiscalización
El escenario laboral para este grupo presenta desigualdades críticas. Según cifras del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de abril de 2026, solo el 40% de las personas con discapacidad en edad laboral posee un empleo.
Además, apenas el 18% de los contratos asociados a la ley corresponden a nuevos puestos de trabajo, mientras que la mayoría son regularizaciones de empleos ya existentes.
Peter Loch, director de la Fundación Wazú, afirmó que “el derecho al trabajo hoy no está garantizado para las personas en situación de discapacidad en Chile: está condicionado. Depende más de la voluntad de las empresas que de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley”.
La organización señaló que el Estado posee herramientas técnicas para fiscalizar, como el cruce de datos entre la AFC, la Dirección del Trabajo, las mutualidades y el Servicio de Impuestos Internos.
El incumplimiento también tiene un impacto económico directo. La fundación estima que las multas derivadas de estas infracciones podrían alcanzar los $181.460 millones de pesos, recursos que no están siendo destinados a políticas de accesibilidad.
De acuerdo con la encuesta CASEN, las personas con discapacidad perciben, en promedio, un 20% menos de ingresos que el resto de la población y enfrentan mayores costos en salud y movilidad.
“La exclusión no es solo injusta, es ineficiente. Países en desarrollo pierden entre 3 y 7 puntos del PIB por no integrar plenamente a las personas con discapacidad. Este no es un tema sectorial, es un problema país”, enfatizó Loch.
