Los conductores de aplicaciones que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrentan un panorama legal incierto, ya que las autoridades federales continúan decomisando vehículos e imponiendo multas que alcanzan los 59,000 pesos. Esta ofensiva persiste incluso cuando los conductores presentan amparos federales destinados a proteger su derecho a trabajar.
Oswaldo Hernández, un conductor con casi una década de experiencia, conoció recientemente el alto costo de estas medidas. Mientras recogía pasajeros en la Terminal 2, agentes de la Guardia Nacional detuvieron su vehículo, alegando una supuesta infracción de tránsito antes de cambiar el argumento hacia el hecho de que prestaba servicios para una plataforma.
A pesar de que Hernández presentó la documentación legal proporcionada por Uber, las autoridades confiscaron su automóvil. El proceso posterior resultó costoso y opaco. La multa superó los 59,000 pesos, pero los retrasos burocráticos impidieron la emisión del recibo de pago necesario, dejando efectivamente su vehículo atrapado en un corralón.
"El problema creció porque la autoridad tardó varios días en cargar la línea de captura", comentó Hernández a El Financiero. Para los trabajadores independientes, cada día sin vehículo se traduce en pérdida de ingresos y una presión creciente. Sus intentos por resolver el problema a través de los canales oficiales fueron recibidos con información contradictoria, incluyendo sugerencias de realizar depósitos vía WhatsApp.
Se abre el diálogo ante la Copa del Mundo 2026
El gobierno federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Gobernación han iniciado conversaciones formales con las empresas de transporte privado para establecer reglas operativas claras en los aeropuertos. El objetivo es crear condiciones de competencia equitativas entre los taxis tradicionales y las plataformas digitales.
Uber sostiene que brinda apoyo legal a sus conductores, incluyendo la revisión de expedientes y la cobertura de los costos asociados con el decomiso de vehículos. Sin embargo, la empresa señala que la eficiencia del proceso sigue dependiendo de que la Guardia Nacional libere la documentación de pago necesaria para recuperar las unidades.
El tiempo es un factor crítico para ambas partes en la negociación. Con la llegada de la Copa del Mundo 2026 en menos de 80 días, se espera que el aeropuerto reciba una afluencia masiva de viajeros internacionales. Los actores involucrados advierten que se requiere una resolución definitiva de inmediato para garantizar el acceso y la seguridad en el aeropuerto sin dejar a los conductores vulnerables a medidas arbitrarias.
Los representantes de las plataformas argumentan que el sistema actual genera fricciones innecesarias tanto para los usuarios como para los conductores. Por ello, presionan para lograr un marco regulatorio ágil que aclare el estatus del transporte por aplicación en las instalaciones federales antes de que comience el torneo.
