El modelo de concesiones viales en Chile enfrenta una crisis de legitimidad debido a la falta de integración de las comunidades locales en el proceso de decisión de los proyectos, según informó elmostrador.cl.
Aunque el sistema ha permitido la inversión de más de US$ 30 mil millones en infraestructura y la construcción de miles de kilómetros de carreteras, una grieta social está afectando su sostenibilidad. El conflicto no radica necesariamente en aspectos técnicos, sino en la forma en que se gestionan los impactos territoriales.
Un caso crítico se observa en el sur del país, específicamente en la ampliación de la Ruta 5 Sur, en el tramo Temuco-Río Bueno. Este proyecto, perteneciente a la segunda concesión de la Ruta 5, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de autoridades políticas, organizaciones sociales y comunidades de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
Las críticas no se limitan al costo de los peajes. Los reclamos se centran en accesos mal resueltos, una conectividad local insuficiente y el impacto negativo en las zonas rurales. El problema fundamental es que la participación ciudadana suele presentarse cuando el proyecto ya está definido, lo que transforma el diálogo en resistencia.
El desafío de la pertinencia territorial
El urbanista David Harvey sostiene que el desarrollo no puede imponerse desde arriba ignorando las dinámicas del territorio, pues esto genera disputas por el espacio en lugar de progreso. Esta lógica se repite en varios proyectos de infraestructura actuales.
No obstante, existen precedentes de buenas prácticas. El proyecto de autopistas urbanas Vespucio Oriente, en la Región Metropolitana, incorporó tramos subterráneos y procesos de participación temprana para mitigar el impacto urbano. Según elreporte, este tipo de diseños que incluyen pertinencia territorial logran reducir la intensidad de los conflictos.
Actualmente, el modelo concesional mantiene una estructura transaccional donde el Estado licita, el privado construye y el usuario paga. Sin embargo, esta ecuación ignora la fuerza de las comunidades organizadas, para quienes la carretera representa cambios en el ruido, la seguridad y el acceso a su entorno.
A la problemática se suma la carga económica de los peajes y las expropiaciones forzadas de propiedades bajo la ley vigente. El debate actual no cuestiona la necesidad de nuevas concesiones, sino la calidad de las mismas.
El éxito de la infraestructura futura dependerá de una evolución necesaria: "O el modelo evoluciona hacia una lógica donde las comunidades sean parte real de la decisión y no solo del proceso, o seguirá acumulando fricciones que terminarán ralentizando aquello que justamente busca acelerar: el desarrollo", concluye el análisis de elmostrador.cl.
