Un tribunal venezolano ha denegado la amnistía al periodista Gabriel González, allegado a la líder opositora María Corina Machado, pese a las garantías previas de las autoridades judiciales de que su nombre estaba incluido en el beneficio.
González informó a través de X que, en marzo, funcionarios judiciales le comunicaron que se le concedería la amnistía y le indicaron que regresara 15 días después para retirar la documentación formal.
Sin embargo, al volver, el periodista no encontró registro alguno del indulto en el sistema judicial. "Si estaba en una lista, ya no lo estoy", escribió González, cuestionando qué ocurrió durante ese lapso de 15 días.
Irregularidades judiciales
El comunicador también señaló que el tribunal le notificó recientemente la negativa al sobreseimiento de su caso. Asimismo, alegó que las autoridades le están impidiendo designar abogados particulares o acceder a copias de su expediente legal.
González afirmó que esta falta de transparencia demuestra que la Ley de Amnistía se aplica a discreción de los jueces, argumentando que la situación evidencia la falta de voluntad política para restaurar el Estado de derecho en el país.
González fue detenido en junio de 2024, poco antes de las elecciones presidenciales. Según Machado, el periodista fue interceptado mientras salía a almorzar y trasladado al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Fue liberado en enero como parte de una ola de excarcelaciones de periodistas bajo la administración de Delcy Rodríguez, gobierno que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado previamente problemas similares en el proceso de amnistía. La ONG Foro Penal reportó que algunos tribunales se niegan a entregar a los familiares constancias por escrito de las denegaciones de amnistía.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calificó estas prácticas como graves, ya que impiden el uso de recursos legales. La actual Ley de Amnistía, aprobada en febrero, abarca hechos desde 1999, pero excluye a muchos presos políticos civiles y militares.