El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó este martes ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado que existen actualmente 28 solicitudes de indulto pendientes de resolución. El secretario de Estado detalló que la gran mayoría de estos expedientes no están relacionados con los hechos del estallido social de 2019.
Durante su comparecencia, Rabat precisó que aproximadamente 20 de estas solicitudes se encuentran en trámite desde antes del 11 de marzo de 2026. Según explicó el ministro, las ocho solicitudes restantes son posteriores a esa fecha y abarcan diversas materias que no se limitan exclusivamente a los conflictos sociales recientes.
Criterios de evaluación y debate legislativo
La senadora Fabiola Campillai (Ind.), presidenta de la comisión, cuestionó al titular de la cartera sobre los criterios para evaluar indultos a agentes del Estado condenados por crímenes durante la dictadura y el estallido social. La parlamentaria consultó además si el uso de esta facultad podría interpretarse como un acto de impunidad que contravenga las obligaciones internacionales de Chile.
En respuesta, Rabat distinguió entre la normativa vigente y las posibles reformas futuras. El ministro señaló que el Ejecutivo evalúa cada expediente de manera individual basándose en la ley actual. “Hoy día existe una ley vigente que faculta al Presidente de la República para emitir pronunciamientos sobre indultos particulares. Esos indultos particulares se van a evacuar atendiendo caso a caso la situación de los antecedentes que se aparejen a esos expedientes”, afirmó el secretario de Estado, según reportó BioBioChile.
El ministro también abordó la situación del proyecto de conmutación de penas, aclarando que el Gobierno no ha fijado una postura oficial debido al volumen de modificaciones propuestas. “Nosotros hoy día no tenemos una opinión como Gobierno respecto del proyecto de conmutación de penas, porque tiene más de 300 o 500 indicaciones”, sostuvo Rabat, de acuerdo con la información de CNN Chile.
La sesión contó con la presencia de otros actores clave, incluyendo al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y representantes de organizaciones de víctimas, como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La senadora Campillai aprovechó la instancia para solicitar que el Presidente José Antonio Kast reciba a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tanto de la dictadura como del estallido social.
