El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó como "no razonable" la posibilidad de que la Universidad Austral de Chile (UACH) hubiera impedido el ingreso de Carabineros durante la jornada de manifestaciones que terminó con la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el campus de Valdivia.
La autoridad de Gobierno permaneció retenida por más de tres horas al interior del recinto universitario este miércoles, tras participar en la inauguración del año académico. Manifestantes protestaron contra su presencia y las medidas impulsadas por el Ejecutivo, derivando en un ataque contra la secretaria de Estado al intentar abandonar el lugar. El Gobierno presentó una querella criminal por el delito de atentado a la autoridad.
El límite de la autonomía universitaria
Fuentes policiales indicaron que funcionarios de Carabineros habrían recibido instrucciones de no ingresar al campus para facilitar la salida de la ministra. Ante esto, Valencia fue enfático en señalar en Radio Duna que el cuerpo policial no requiere autorización para intervenir cuando existe evidencia clara de que se está cometiendo un ilícito.
"Imagínese si alguien estuviera disparando desde dentro del aula de una universidad, que tuviéramos que esperar poder dar con el representante legal o con la autoridad superior para pedirle permiso para entrar. Creo que nadie consideraría que eso es razonable", sostuvo el fiscal nacional. Valencia precisó que, a diferencia de las sedes diplomáticas, las universidades no cuentan con un "régimen especial" que limite el actuar de las fuerzas de seguridad.
El Ministerio Público, a través de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, lidera actualmente la investigación para esclarecer los hechos. Valencia indicó que la calificación jurídica de lo ocurrido —si se trató de un atentado, una retención, secuestro o lesiones— es una conclusión que se alcanzará una vez que los antecedentes estén debidamente establecidos.
Desde la casa de estudios han rechazado la hipótesis de haber bloqueado el acceso a la fuerza pública. Al respecto, el fiscal nacional señaló que la investigación penal permitirá determinar qué ocurrió realmente y si existieron responsabilidades administrativas o de otra índole por parte de las autoridades universitarias durante el incidente.
