El Tribunal Constitucional de Chile ha anulado varias disposiciones fundamentales de la nueva Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, bloqueando la facultad del Fiscal Nacional para rechazar ternas de candidatos a fiscalías regionales.
El fallo, dictado por una sala presidida por la ministra Daniela Marzi, invalidó tres cláusulas específicas que habrían otorgado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la autoridad de devolver ternas a los tribunales si consideraba que los candidatos no eran idóneos.
Bajo las disposiciones rechazadas, el Fiscal Nacional habría podido devolver una lista una sola vez, siempre que presentara fundamentos sólidos. Este mecanismo fue apodado internamente en el Ministerio Público como la regla 'anti-Hermosilla', ya que los funcionarios argumentaban que evitaría que personas con conexiones políticas lograrnos nombramientos.
Sin embargo, el Tribunal declaró la medida inconstitucional, señalando que el diseño jurídico del país no permite la interferencia del Fiscal Nacional una vez que un tribunal ha producido una terna de forma válida. El Tribunal subrayó que la Constitución exige un contrapeso externo para garantizar que los fiscales regionales posean legitimidad independiente.
Rechazo a los nombramientos directos
El Tribunal también anuló las disposiciones que permitían que los fiscales regionales salientes fueran nombrados directamente en cargos de fiscal subrogante en otras regiones sin necesidad de un concurso público.
En su decisión, el Tribunal aclaró que la Constitución exige que los fiscales subrogantes sean designados mediante concurso público. El fallo enfatizó que este proceso es esencial para prevenir conflictos de interés y preservar la independencia funcional de quienes lideran las investigaciones.
Si bien el Ministerio Público celebró la ley en su conjunto por su plan de incorporar 819 nuevos funcionarios y 205 fiscales, Valencia consideró que la pérdida de estas facultades específicas representa una victoria incompleta. El Fiscal Nacional indicó que tiene la intención de buscar estas prerrogativas a través de una futura reforma constitucional.
El experto legal Cristóbal Osorio elogió la decisión del Tribunal, afirmando que el fallo suprime un "poder de veto de facto" que amenazaba con convertir a la institución en un "sistema feudal de nombramientos".
Osorio añadió que la exclusión del mecanismo de nombramiento directo protege el principio de meritocracia y evita la creación de un sistema de "sillas musicales" dentro de la función pública.
