Los femicidios en Chile no muestran señales de retroceso, con un aumento en los casos frustrados que evidencia las fallas en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia. Según informó elmostrador.cl, el número de femicidios frustrados pasó de 319 en 2024 a 330 durante el año 2025, mientras que los casos consumados se mantuvieron en 44 víctimas.
En lo que va de 2026, las estadísticas del SernamEG ya reportan 8 femicidios consumados y 74 frustrados. Esta situación llevó a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, comparecían ante la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril.
Durante la comparecencia, la ministra Steinert explicó que existen dificultades para contar con datos objetivos sobre los femicidios frustrados. Señaló que la falta de un apartado específico en su cartera y la variabilidad de la tipificación jurídica complican el registro.
“Esto se da, primero, porque la cartera no contaba con este acápite específico aparte, en cuanto a feminicidio. Y segundo, porque la realidad está siempre en movimiento en cuanto a la tipificación jurídica del feminicidio”, afirmó Steinert.
La funcionaria detalló que un hecho puede ingresar inicialmente como femicidio frustrado, pero su calificación legal puede cambiar tras la investigación.
Fallas en la fiscalización
Por su parte, la subsecretaria Quintana reconoció que el Ministerio de Seguridad no posee un dato consolidado de femicidios frustrados debido a la forma de contabilización actual. Sin embargo, aseguró que la institución cuenta con las bases de datos para extraer los registros necesarios.
Quintana señaló que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la ejecución de las medidas cauteras. “El problema de fiscalización ha sido crónico. Entonces, desde el Ministerio de Seguridad, (…) hay una planificación respecto al fortalecimiento de las policías”, indicó la autoridad.
Desde la Corporación Humanas, la directora Paula Salvo Del Canto sostiene que existe una brecha entre el marco legal y su ejercicio efectivo. La organización advierte que el sistema de protección no logra activarse de manera oportuna.
“Chile ha avanzado hacia un marco legal más robusto, culminando con la Ley Integral de violencia de género... Sin embargo, como muestran tanto la evidencia comparada como nuestros propios estudios, la brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo sigue siendo significativa”, declaró Salvo.
Salvo añadió que la violencia se ha desplazado a ámbitos laborales y digitales, y que la falta de coordinación interinstitucional impide un seguimiento eficaz de las medidas de protección.
