Dos jóvenes y una mujer fueron absueltos tras pasar meses en prisión preventiva por un presunto intento de atropello a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Pintana. Joshua Carrasco e Ismael Bastías, junto a la madre de uno de ellos, aseguran que el procedimiento de mayo de 2021 fue un montaje diseñado para justificar el uso de armas de servicio por parte de los detectives.
El incidente ocurrió mientras los jóvenes se dirigían a comprar un regalo para el Día de la Madre. Según el relato de Joshua Carrasco, una camioneta los interceptó y un sujeto descendió del vehículo para efectuar disparos contra su automóvil.
“Como una encerrona, se cruza una camioneta y detrás del chofer se baja una persona de polera blanca y dispara“, relató Carrasco en declaraciones a Chilevisión. El proyectil impactó en el brazo del joven y atravesó la puerta del conductor.
Tras el ataque, los implicados intentaron huir, pero fueron interceptados por los funcionarios. Ismael Bastías relató que fue reducido en plena calle sin que los agentes se identificaran previamente: “Me esposó y yo me di cuenta (en ese instante) de que era policía, y yo le dije: ‘Oye, estás equivocado‘“.
Irregularidades en la cadena de evidencia
La fiscalía, representada por el fiscal Renzo Razeto, sostuvo inicialmente que los sujetos intentaron embestir a los funcionarios y que un copiloto apuntó con un arma de fuego. Sin embargo, la defensa de los imputados presentó graves inconsistencias en la investigación.
La defensora penal pública, María Paz Martínez, denunció que el subinspector de la Bicrim de Macul, quien presuntamente realizó el disparo, fue el mismo encargado de levantar y trasladar la evidencia. “Es decir, la persona que había disparado a mi representado estuvo a cargo de todo el procedimiento, lo cual es del todo poco transparente“, señaló la abogada.
La investigación reveló la ausencia de registros visuales, ya que una de las cámaras de seguridad del sector no grababa y otra presentaba imágenes borradas. Además, testigos anónimos indicaron que los funcionarios vestían ropas civiles, lo que dificultaba su identificación como policías.
La madre de uno de los jóvenes, Laura, también enfrentó cargos por tráfico y porte de municiones. Ella afirmó que la marihuana incautada era para uso paliativo debido a una trombosis crónica y negó la existencia de las balas halladas en el vehículo.
Tras enfrentar un proceso judicial que culminó con su absolución, los afectados describieron el trauma de la reclusión. Ismael Bastías calificó su paso por el penal como “un infierno”, mientras que Joshua Carrasco relató haber sufrido agresiones físicas dentro de la cárcel Santiago 1.
Aunque la justicia determinó su inocencia, los tres afectados manifestaron que actualmente carecen de los recursos económicos para iniciar una demanda civil contra el Estado.
