El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residía en la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid durante setenta años, ha puesto en el centro del debate la profunda crisis de la vivienda en España. La empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, ejecutó el desalojo tras un litigio judicial que finalmente falló a su favor.
El número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda se ubica en el cotizado distrito de Retiro, una de las zonas más caras de la capital. La situación de Abascal simboliza la creciente problemática de los desahucios en el país, donde el precio de los alquileres ha aumentado exponencialmente. Este incremento se atribuye a una combinación de escasez de oferta, el aumento de la población en las principales capitales, y la presión ejercida por los apartamentos turísticos de corta duración.
A nivel nacional, la gravedad de la situación habitacional es marcada por cifras oficiales; según el Consejo General del Poder Judicial, se registraron más de 25.000 desahucios en el año 2025. El desalojo de la anciana expone, por lo tanto, la tensión entre la propiedad inmobiliaria y el derecho fundamental a una vivienda digna.
Frente al edificio, decenas de activistas se congregaron para intentar impedir el cuarto intento de desahucio, sin éxito. Un fuerte dispositivo policial fue necesario para disolver la acampada que había formado un grupo de unas 400 personas. La conmoción generada por el suceso ha captado la atención internacional, llegando incluso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante este contexto, la ONU intervino solicitando la suspensión del desalojo de Maricarmen Abascal. El relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, Koldo Casla, condenó la acción de la empresa. Casla declaró que es incomprensible cómo se puede justificar priorizar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU ya había decretado medidas cautelares para suspender temporalmente el desalojo.
El conflicto se centra en el régimen legal de la renta antigua. El edificio fue adquirido por Renta Corporación en 2018, y posteriormente Urbagestión adquirió el inmueble. Aunque se ofreció a Abascal la compra de la vivienda por unos 290.000 euros, la anciana no pudo afrontar dicha suma con una pensión que no superaba los 1.500 dólares. Urbagestión, por su parte, reclamó un alquiler de aproximadamente 3.000 dólares. Esto contrastaba drásticamente con los 570 dólares que ella abonaba bajo un contrato de renta antigua firmado por sus padres en 1956.
Este régimen legal, vinculado a arrendamientos firmados durante la dictadura franquista, mantiene rentas históricamente bajas. Para Urbagestión, esta renta mínima minaba la rentabilidad del activo, llevando a la compañía a defender que el contrato antiguo había expirado. Por ello, la empresa exigió la actualización de la cuota, lo que motivó la acción judicial y el subsiguiente desalojo ejecutado por la comisión judicial.
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