La dificultad financiera golpea a varias colectividades políticas en Chile, forzando a diversos partidos a desplegar intensas gestiones para evitar un colapso operativo. El Frente Amplio (FA), en particular, enfrenta un panorama crítico tras la presentación de su cuenta pública ante el comité central el 12 de septiembre.
Yerko Cortés, tesorero saliente de la agrupación, confirmó la situación al exponer que las cuentas del FA están en números rojos y las deudas continúan creciendo. El Servicio Electoral (Servel) aún no ha aprobado el balance 2024, y tras observaciones a la rendición de 2023, el organismo autónomo exigió que el FA reintegrara $170 millones para liberar los aportes estatales. De esa suma, solo se han logrado pagar $70 millones.
La crisis es palpable en el partido, llegando al punto de que sus miembros directivos no han percibido remuneración en los últimos cinco meses.
El caso del FA no es un hecho aislado. El Partido Republicano, el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido de la Gente tampoco están recibiendo aportes estatales debido al rechazo de sus balances contables, enfrentando el riesgo de disolución si la situación persiste. Inicialmente, en enero de este año, la entidad electoral rechazó el balance de 14 de los 24 partidos formalmente constituidos. Actualmente, cinco colectividades sí han regularizado su situación: la Democracia Cristiana (DC), Evolución Política (Evópoli), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).
La Mecánica de los Fondos Estatales
Ante el panorama, cada partido involucrado ha lanzado esfuerzos por salir a flote. Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista (PC), sintetizó la situación al describir que los partidos están en una “batalla de sobrevivencia”. A todos les urge sanear sus cuentas, especialmente porque el ciclo electoral de 2027 y los municipales de 2028 requieren recursos operativos.
Los recursos provienen de la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, asignando montos a cada colectividad según los votos obtenidos en la última elección de diputados y diputadas. El Estado destinará un total de $14.877.496.046 para este ciclo, destinados a gastos administrativos como arriendos y pagos de funcionarios.
Debido a los balances pendientes, el PC no recibe su aporte trimestral de $228.819.103, y el Frente Amplio queda sin los $316.058.830 correspondientes. De manera similar, el Partido Republicano tiene vedado su aporte trimestral de $516.237.767, y el Partido de la Gente, $471.028.737.
El Servel explicó en el proceso de revisión que, en el caso del Partido Republicano, hubo faltantes de documentación contable y pasajes cuestionados; al PC, observaciones sobre un gasto de un proveedor que es también trabajador del partido; y al PDG, reclamaron por documentación faltante. Cabe recordar que el Artículo 33 de la Ley Orgánica establece que los aportes solo pueden ser retenidos por tres trimestres, y si la colectividad no aprueba su balance, no se distribuyen.
La escasez ha obligado al FA a desplegar una estrategia de emergencia, enfocándose en reforzar el cobro de cotizaciones de militantes. Ante la dificultad de pago, la tesorería advirtió que incluso autoridades con altos sueldos públicos estaban esquivando el pago, lo que derivó en la sanción de 150 militantes. Paralelamente, la directiva activó un plan para pedir adelantos de cotizaciones a figuras con mayores recursos, como senadores y diputados.
El PC, por su parte, se enfocó en reformular su estructura interna para enfrentar la crisis, mientras que el Servel continúa recibiendo solicitudes de los partidos para tratar y analizar observaciones detalladas en sus informes de revisión de balances.
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