En un contexto de creciente tensión geopolítica en el Atlántico Sur, el presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó a la Cancillería iniciar acciones legales internacionales contra el Reino Unido. Estas acciones se desencadenaron tras el reporte de vuelos operados por una empresa británica entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.
El mandatario argentino instruyó formalmente el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional, utilizando el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo principal de este arbitraje es impedir la explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, específicamente apuntando al proyecto denominado Sea Lion. En un comunicado de la Presidencia argentina, se exigió al Reino Unido que adoptara las medidas necesarias para detener dicha explotación en un plazo de dos semanas.
Argentina amenazó con acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido incumplía con las exigencias de detener las actividades extractivas en la Plataforma Continental Argentina. Además de la vía diplomática y legal, el gobierno argentino anunció acciones penales y diplomáticas contra las operaciones de la empresa Thales UK Limited, en respuesta a los vuelos reportados entre las islas y la capital magallánica.
Paralelamente a estas movilizaciones diplomáticas, el senador por Magallanes, Karim Bianchi (Ind.), emitió declaraciones cuestionando las condiciones que Argentina parece pretender imponer sobre el desarrollo económico de la Región Magallanes. Bianchi calificó de “patudez tremenda” que los argentinos intentaran condicionar las relaciones comerciales de la zona debido a una disputa de soberanía.
El parlamentario sostuvo que el respaldo chileno al reclamo argentino por la soberanía de las islas constituye un asunto completamente distinto a las oportunidades comerciales que la zona austral puede explorar. Bianchi enfatizó que la región es una zona dedicada a la industria ovina, una actividad que, según él, se formó históricamente con recursos vinculados a las Malvinas o las Falkland.
En una entrevista con Vía Pública de 24 Horas, el senador afirmó: “Nosotros podemos tener una visión, una colaboración, reivindicar la causa argentina, pero eso no tiene nada que ver con que Magallanes busque hacer negocios con otros países”. El legislador planteó, además, que el respaldo chileno al reclamo argentino no debería traducirse en restricciones para los lazos económicos que Chile establezca con Reino Unido o directamente con las islas.
Para desestimar la imposición de condiciones, Bianchi utilizó un argumento comparativo, cuestionando: “Acaso si nosotros tuviéramos un problema con otro país, no sé, si tuviéramos un problema con Bolivia, ¿Argentina va a dejar de hacer negocios con Bolivia?”
El senador vinculó su postura a la necesidad económica de la región, recalcando que Magallanes requiere movilizar más industrias y más negocios, tal como lo necesita el país en general. Bajo el lema de “negocios son negocios”, Bianchi argumentó que una eventual alianza comercial con las islas del Atlántico Sur no debe interpretarse como un cambio en la posición chilena sobre la disputa territorial.
El parlamentario concluyó que, si existe una alianza con las Malvinas, se trata de una materia puramente comercial: “no estamos haciendo nada ilegal, no estamos tampoco faltando a nada, esto es una materia comercial”. Estas declaraciones se dan en un marco donde el gobierno argentino ha utilizado mecanismos internacionales para coartar operativamente la explotación de recursos, mientras que la esfera política regional, representada por Bianchi, traza una clara línea divisoria entre la soberanía territorial y el desarrollo económico regional.
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