El Gobierno de México ha implementado un cambio drástico en las reglas de importación de teléfonos inteligentes, eliminando un vacío legal que permitía la entrada de dispositivos bajo esquemas simplificados. Según reportó Xataka México, esta medida, formalizada el 29 de mayo de 2026 mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca combatir el mercado gris y asegurar que todo equipo cumpla estrictamente con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Bajo la gestión de la Secretaría de Economía, el nuevo decreto elimina la posibilidad de importar dispositivos a través de servicios de paquetería sin someterse a los controles de certificación previos. Anteriormente, los consumidores podían adquirir smartphones en plataformas internacionales como Amazon o Mercado Libre aprovechando exenciones regulatorias diseñadas para mercancías de menor valor o complejidad técnica.
La Secretaría de Economía ha justificado esta decisión argumentando la existencia de un "vacío regulatorio" que facilitaba el ingreso de equipos sin las certificaciones adecuadas. Según la dependencia, la ausencia de estos controles representa un riesgo directo para los consumidores, ya que no se garantiza la calidad, seguridad ni la compatibilidad de los componentes inalámbricos de los dispositivos importados de manera irregular.
Este cambio impacta directamente al comercio electrónico transfronterizo, complicando la adquisición de equipos que no cuentan con el respaldo de distribuidores oficiales en territorio mexicano. A partir de la entrada en vigor de este decreto, cualquier teléfono móvil que ingrese al país deberá demostrar ante las autoridades aduanales que cumple con la normativa técnica nacional, independientemente del canal de compra utilizado.
La medida representa una estrategia agresiva del Estado para alinear la importación de tecnología móvil con los estándares nacionales de seguridad. Con este ajuste, el gobierno busca cerrar la puerta a los dispositivos del mercado gris que, hasta ahora, ingresaban al país sin comprobar que cumplían con las especificaciones técnicas exigidas, alterando las condiciones de competencia en el mercado nacional de telefonía.
