El sistema público de salud de Chile consolidó la reducción de cesáreas como un compromiso de gestión formal por segundo año consecutivo. Esta medida obliga a los establecimientos hospitalarios no solo a monitorear sus cifras, sino a reportar avances concretos en la disminución de intervenciones quirúrgicas.
La meta país es ambiciosa: alcanzar un 30% de cesáreas en el sector público para el año 2030. Actualmente, Chile registra tasas históricas superiores al 40%, llegando a cifras cercanas al 60% al combinar el sector público y privado, lo que posiciona al país entre los más altos de la OCDE en esta práctica.
La responsabilidad del cumplimiento recae directamente sobre los directores de los servicios de salud. Estos funcionarios deben implementar los cambios operativos y las decisiones clínicas necesarias para cumplir con el indicador.
Un desafío de gestión clínica
La evidencia científica señala que las tasas de cesárea superiores al 15% no mejoran los resultados de salud materno-infantil. Por el contrario, el uso innecesario de estas intervenciones expone a las mujeres y a los recién nacidos a riesgos quirúrgicos evitables.
Desde la Fundación OVO Chile, organización que monitorea el proceso, destacan que el éxito de esta política depende de estrategias probadas. Entre estas figuran el fortalecimiento del rol de la matrona en el parto fisiológico y la implementación de auditorías clínicas dentro de las primeras 24 horas posteriores al procedimiento.
El desafío también incluye abordar las cesáreas a petición materna. Según especialistas, esto requiere un trabajo preventivo desde la atención primaria, entregando educación prenatal basada en evidencia para que las pacientes tomen decisiones informadas.
Existe una brecha evidente entre los sectores. Mientras el sistema público ya instauró metas de rendición de cuentas, el sector privado carece de obligaciones equivalentes de gestión en esta materia.
La Fundación OVO Chile anunció que este 2026 mantendrá su apoyo tanto a prestadores públicos como privados para buscar modelos de atención más seguros. Los expertos insisten en que es fundamental replicar las prácticas de aquellos hospitales de la red pública que ya han logrado reducir sus indicadores sin comprometer la seguridad de las pacientes.
