El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó este miércoles la prisión preventiva de dos ex carabineros tras ser acusados de agredir sexualmente a una mujer durante un procedimiento policial el pasado 4 de abril. Los dos sujetos, quienes fueron dados de baja de la institución tras conocerse las denuncias, enfrentan cargos formales por violación de mayor de 14 años y el delito de apremios ilegítimos.
Según la fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los funcionarios realizaban un control de identidad en el centro de Valparaíso. La víctima fue trasladada inicialmente a la Octava Comisaría Florida. La fiscalía sostiene que, tras verificar su identidad, los oficiales se ofrecieron a llevarla a un domicilio particular, momento en el cual se habría producido la agresión dentro del vehículo policial.
La fiscal Paulina Madariaga señaló que la acusación del Ministerio Público se sustenta en diversas pruebas. "Contamos con declaraciones de testigos, registros de cámaras, el recorrido del vehículo policial involucrado y, además, estamos a la espera de múltiples peritajes científicos", afirmó Madariaga.
La defensa cuestiona las pruebas
El equipo de defensa, encabezado por el abogado Leonardo Contreras, negó rotundamente los cargos y cuestionó la integridad de la investigación. Contreras argumentó que la fiscalía no tomó declaración a todos los funcionarios involucrados en el procedimiento inicial y sostuvo que el encuentro sexual fue totalmente consentido.
"La supuesta víctima estaba en pleno uso de sus facultades mentales; estaba lúcida, tal como lo señalan los análisis médicos realizados por profesionales del Hospital Carlos Van Buren", declaró Contreras. La defensa cuestionó además la narrativa de la fiscalía al sugerir que los testigos que respaldan la supuesta vulnerabilidad de la víctima por consumo de alcohol aparecieron recién días después del incidente.
"Nuestra tesis es que la víctima estaba en pleno uso de sus facultades y que la relación, tal como lo ha señalado mi representado, fue consentida", enfatizó el abogado defensor. Pese a estos argumentos, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía eran suficientes para acreditar el delito.
El tribunal determinó que la gravedad de los hechos denunciados, sumada a la condición de funcionarios públicos de los acusados al momento del incidente, hacía necesaria su reclusión. Se ha establecido un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual se completará la recolección de pruebas y se prepararán las siguientes etapas del proceso judicial.
