La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen que valida el uso del Palacio de La Moneda como residencia presidencial y sede de actividades religiosas, desestimando denuncias sobre posibles ilegalidades en la gestión del Presidente José Antonio Kast. El organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez sostuvo que estas prácticas se enmarcan dentro de la “destinación y uso histórico” del inmueble.
El pronunciamiento responde a una presentación realizada por David Silva Bernales, Miguel Yáñez Lagos y otros ciudadanos. Según el dictamen citado por La Tercera y El Mostrador, la institución concluyó que los patios y salones han servido históricamente como residencia permanente del Mandatario y que las tres capellanías existentes cuentan con autorización oficial bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Aunque el órgano contralor descartó reproches sobre el fondo de la denuncia, impuso una condición: la Dirección Administrativa de la Presidencia deberá actualizar la regulación interna de uso de espacios, tanto en La Moneda como en el Palacio Cerro Castillo. Según El Mostrador, esta normativa debe garantizar criterios de probidad, transparencia y control, además de asegurar que no se hayan realizado remodelaciones no autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales.
La estrategia de La Moneda ante el Congreso
En paralelo a la resolución administrativa, el Presidente José Antonio Kast respaldó este viernes desde Costa Rica las declaraciones de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien advirtió que el Ejecutivo no paralizará su agenda económica si la denominada “Ley de Reconstrucción Nacional” no logra los votos necesarios en el Parlamento.
“Los gobiernos siguen gobernando con las herramientas que tienen”, afirmó el mandatario, según reportó La Tercera. Kast aclaró que, en caso de un bloqueo legislativo, el Gobierno recurrirá a decretos para materias que no requieran ley orgánica, asegurando que “siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder Legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así”.
El ministro Quiroz, durante un seminario en Clapes UC, había adelantado que ante el riesgo de que la ley miscelánea naufrague, el Ejecutivo activará facultades administrativas para implementar medidas en áreas como economía y regulación ambiental. Esta postura revive el debate político de agosto de 2025, cuando el entonces candidato Kast minimizó el rol del Congreso, generando críticas opositoras sobre una supuesta “deriva autoritaria”, según recogió El Mostrador.
El Presidente enfatizó que su gabinete conoce los límites constitucionales. “Hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen”, insistió el Jefe de Estado desde su gira oficial.
