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9 may 2026 · Actualizado 05:02 a. m. UTC
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Sernac demanda a grupo inmobiliario por presunto fraude en gestión de viviendas

El Servicio Nacional del Consumidor interpuso una demanda colectiva contra las empresas Ávila & Asociados y Pisón SpA tras recibir múltiples denuncias por cobros indebidos y servicios no prestados.

Valentina Reyes

2 min de lectura

Sernac demanda a grupo inmobiliario por presunto fraude en gestión de viviendas
Sernac lawsuit against real estate group

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra las firmas “Ávila & Asociados SpA”, “Pisón SpA” y “Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada” por graves infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La acción judicial surge tras una investigación que detectó irregularidades en la prestación de servicios de asesoría hipotecaria. El organismo busca la devolución de los dineros cobrados por trámites no realizados y la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos.

Las empresas operan bajo la promesa de ayudar a las personas a cumplir el “sueño de la casa propia”, gestionando mutuos hipotecarios, leasing habitacional y subsidios estatales. Para ello, exigen una renta mínima de $450 mil pesos.

Irregularidades en los contratos

La investigación del Sernac determinó que las entidades no informan de manera veraz las condiciones de contratación. Además, la autoridad detectó la inclusión de cláusulas abusivas y una prestación de servicios negligente.

Los consumidores afectados denuncian que las empresas solicitaron el pago de precios y gastos operacionales sin que existiera una prestación efectiva del servicio. En varios casos, las firmas alegaron posteriormente la imposibilidad de financiar las operaciones tras haber recibido el dinero.

“Las empresas han solicitado el pago de gastos sin que se haya realizado el trámite, o aduciendo motivos posteriores para no concretar el financiamiento”, señala la investigación de la institución.

Ante los reclamos por la restitución de fondos, el Sernac reportó que las empresas no han entregado respuestas satisfactorias a los afectados. La demanda también busca que las tres razones sociales respondan como un solo grupo económico para evitar la elusión de responsabilidades.

El proceso judicial también persigue indemnizaciones para quienes no recibieron el servicio contratado. Las multas que podrían enfrentar los responsables ascienden a 1.800 UTM, lo que equivale aproximadamente a $125 millones de pesos.

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