El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta una fuerte reacción tras la filtración de una directiva de Hacienda con fecha 21 de abril de 2026, la cual plantea un "cambio de paradigma" en el gasto público para el año fiscal 2027. El documento, enviado a diversos ministerios, sugiere la eliminación de 15 programas y el ajuste de otros 42, utilizando como principal justificación los bajos resultados en las evaluaciones de desempeño de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Entre las recomendaciones más polémicas se encuentra el fin del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Según informó La Tercera, esta unidad es la encargada de ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Pablo Mira han declarado públicamente que el programa continuará, defensores de los derechos humanos señalaron a El Mostrador que la propuesta evoca estrategias económicas del pasado utilizadas para frenar la intervención estatal en lugares como Colonia Dignidad, lo que sugiere un posible avance hacia la impunidad institucional.
La controversia sobre el programa se ve agravada por cambios recientes en la política del Ministerio de Justicia. Reportes indican que la actual directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, instruyó recientemente al equipo jurídico no presentar apelaciones en casos donde personas condenadas por crímenes contra la humanidad buscan la sustitución de sus penas de cárcel por razones médicas. Este giro ha recibido duras críticas de la comunidad de derechos humanos, que ve la propuesta presupuestaria de Hacienda como una extensión de este nuevo enfoque menos combativo en los litigios del Estado.
Más allá de la justicia, la directiva de Hacienda apunta a la "infraestructura blanda" del sector ambiental. El Mostrador reporta que la propuesta busca eliminar cinco programas esenciales para la gestión territorial, incluyendo la conservación de especies, la protección de humedales, la recuperación de suelos, la certificación ambiental escolar y la fiscalización de ruidos. Expertos advierten que estos recortes reducirían la capacidad del Estado para mitigar riesgos climáticos y enfrentar peligros para la salud comunitaria.
En el sector salud, los ajustes propuestos apuntan a la atención primaria, con programas que suman más de $300 mil millones de pesos en riesgo de eliminación. Según El Mostrador, la lista incluye servicios críticos como la modalidad hospitalización domiciliaria ($82.600 millones), el Fondo de Farmacia (FOFAR, $51.700 millones) y diversos programas de salud mental y dental. Los críticos argumentan que eliminar estos servicios de "primera línea" aumentará inevitablemente la carga sobre el sistema hospitalario y afectará desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.
Los programas educativos también fueron objeto de escrutinio inmediato tras la inclusión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la lista de iniciativas a discontinuar. La ex candidata presidencial Evelyn Matthei criticó la medida en redes sociales, afirmando: "Para muchos niños, esta es la única comida del día. Con eso, no se juega". El partido PPD fue más allá, con su secretario general, José Toro, declarando que el ministro Quiroz ya no es un "interlocutor válido" para reformas, calificando la propuesta como un intento de importar modelos de austeridad que recuerdan a la era de la dictadura.
El ministro Quiroz ofreció una conferencia de prensa en La Moneda el viernes para abordar el creciente malestar. Insistió en que el documento es meramente una recomendación técnica basada en el monitoreo anual de desempeño de la Dipres y no representa una decisión de política formal. "No hay decisión de discontinuar o terminar ningún programa; es un oficio, y aún no hay un decreto de ajuste presupuestario", afirmó Quiroz, según reportaron La Tercera y CNN Chile.
Quiroz descartó explícitamente cualquier reducción en la alimentación escolar o en las becas estudiantiles, enfatizando que la autoridad presupuestaria final recae en cada ministerio. Sostuvo que el rol de Hacienda es simplemente brindar orientación basada en datos objetivos de desempeño, dentro de un contexto más amplio de disciplina fiscal. Pese a estas aclaraciones, la repercusión política persiste, mientras los líderes de la oposición exigen mayor transparencia sobre las prioridades de gasto a largo plazo del gobierno.
