El economista Ricardo Ruiz de Viñaspre propone una reestructuración profunda de la Franquicia Tributaria Sence para corregir las distorsiones que actualmente incentivan capacitaciones de baja calidad en Chile. Según informa latercera.com, el problema no reside en la existencia del instrumento, sino en los incentivos microeconómicos que lo rigen.
El experto, quien fue director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), señala que la estructura actual de subsidios promueve cursos con costos por hora artificialmente bajos. Bajo la ley vigente, si un curso tiene un costo por hora por debajo de un umante definido por Sence, el Estado financia el 100% del valor.
Esta dinámica genera un efecto perverso en el mercado laboral. Para aprovechar el subsidio total, las empresas tienden a extender la duración de los cursos y reducir el costo por hora, lo que resulta en programas menos eficientes y con menor impacto real en las competencias de los trabajadores.
Hacia un modelo de subsidio porcentual
Para solucionar este déficit de calidad, Ruiz de Viñaspre sugiere que el Estado cambie el subsidio fijo por uno porcentual, por ejemplo, un 30%. De esta manera, las empresas siempre aportarían una parte del costo, alineando sus intereses con la búsqueda de formación de mayor nivel y duración prudente.
Otro punto crítico identificado por el economista es el beneficio tributario que obtienen las empresas al realizar aportes a los Organismos Técnicos de Capacitación Intermedia (OTIC). Actualmente, las compañías acceden al descuento tributario mediante aportes monetarios, independientemente de si la capacitación se ejecuta efectivamente.
El autor de la propuesta sostiene que el Fisco debe reconocer el gasto en capacitación únicamente cuando la actividad se haya realizado. Esto evitaría que el beneficio se convierta en un simple movimiento contable sin impacto en el capital humano.
Respecto a la empleabilidad de los desempleados, el economista propone que los OTIC lideren propuestas de capacitación basadas en la demanda real del sector privado. En este esquema, el Sence actuaría como ente regulador y financiador, midiendo la efectividad de los programas y cancelando aquellos que no demuestren resultados en la inserción laboral.
Finalmente, el economista advierte que la solución depende de la voluntad política. Aunque el ex presidente Sebastián Piñera envió dos proyectos de ley para abordar estas materias, ambos quedaron sin tramitar en el Congreso, lo que mantiene el sistema de capacitación en un escenario de emergencia laboral con 850 mil desempleados y 2,5 millones de personas en la informalidad.
