Chile enfrenta un proceso de envejecimiento a una velocidad sin precedentes, lo que exige una transformación profunda en la estructura de las políticas públicas del país. Un análisis reciente advierte que el Estado chileno opera actualmente bajo una lógica de fragmentación, tratando la vejez como un problema sectorial y no como un cambio demográfico estructural.
Actualmente, la gestión de la vejez se encuentra dividida entre ministerios y servicios que abordan el fenómeno de forma aislada. Mientras el sector salud se enfoca en enfermedades, las áreas de pensiones ven solo gasto y desarrollo social identifica vulnerabilidad, sin una visión de conjunto que integre la autonomía de las personas mayores.
Un plan de cinco medidas para el Estado
Para revertir esta situación, se propone la implementación de un Programa de Mejoramente de la Gestión en Envejecimiento y Vejez con carácter obligatorio para todos los servicios públicos. Esta iniciativa busca que la planificación, el presupuesto y la evaluación de cada ministerio incluyan un criterio de impacto en la población adulta mayor.
La propuesta legislativa contempla cinco ejes fundamentales. Primero, la obligatoriedad de un programa de gestión con metas verificables. Segundo, la incorporación del enfoque de envejecimiento como criterio transversal en la formulación presupuestaria de cada sector.
El tercer punto exige la creación de un Sistema Nacional de Indicadores de Envejecimiento y Vejez que mida la calidad de vida y la autonomía, más allá de la simple cobertura de servicios. El cuarto eje propone un Plan Nacional de Formación Funcionaria para erradicar el edadismo institucional dentro de la administración pública.
Finalmente, el plan busca la territorialización de las políticas. Esto implica que la planificación de ciudades, transporte y viviendas se realice con un enfoque de envejecimiento, fortaleciendo a los municipios como la primera línea de respuesta en los barrios.
La implementación de estas medidas busca evitar que el Estado se limite a asistir o proteger, pasando a un modelo que reconozca a las personas mayores como capital social y actores activos en la construcción de la comunidad.
