Un llamado al cambio estructural
A medida que el presidente José Antonio Kast se instala en La Moneda, las organizaciones de defensa están intensificando la presión sobre el gobierno para elevar la inclusión de personas con discapacidad de un tema de campaña a un pilar central de la política de Estado. Nicolás Fehlandt, gerente general de la Fundación Coanil, ha hecho un llamamiento público para que la administración aborde las brechas sistémicas que continúan marginando a millones de ciudadanos.
Según el Tercer Estudio Nacional de Discapacidad, más de tres millones de personas mayores de dos años en Chile viven con algún tipo de discapacidad. Para organizaciones como Coanil, esta realidad demográfica exige una acción inmediata y sustantiva. Durante la campaña presidencial de 2025, la fundación presentó una propuesta integral titulada “12 medidas para un Chile más inclusivo” a todos los candidatos, incluido el actual presidente, quien supuestamente expresó su disposición a integrar estas sugerencias en su agenda de gobierno.
Reformar el panorama educativo
Un punto central de las reformas propuestas es la necesidad de eliminar la discriminación dentro del sector de educación especial. Actualmente, los modelos de financiamiento para las escuelas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) están vinculados a la asistencia en lugar de a la matrícula. Los críticos argumentan que esto crea un entorno financiero precario para las instituciones que brindan apoyo crítico a poblaciones vulnerables.
Fehlandt aboga por un cambio hacia un financiamiento basado en la matrícula para proporcionar estabilidad. Además, destaca la urgente necesidad de incluir a estos estudiantes en los beneficios de la Ley SEP. Si bien la ley fue diseñada para apoyar a los estudiantes más vulnerables del país, muchos con necesidades especiales han sido históricamente excluidos de su alcance. Más allá del financiamiento, existe un impulso por un currículo vocacional más relevante que prepare mejor a los estudiantes con discapacidad para el mercado laboral moderno.
La crisis en la atención residencial y el empleo
Más allá del aula, los desafíos que enfrenta la comunidad con discapacidad son profundos. En cuanto a la atención residencial, la infraestructura actual es severamente limitada, con poco más de 1,000 plazas disponibles a nivel nacional para adultos con discapacidad. Existe un amplio consenso entre los defensores sociales de que ampliar tanto la cobertura como el financiamiento estatal de estos programas residenciales es una cuestión de urgente necesidad social.
Además, la Ley de Inclusión Laboral (21.015), vigente desde hace años, sigue siendo un punto de controversia. Ocho años después de su implementación, la ley continúa teniendo un bajo rendimiento, con niveles de cumplimiento tanto en empresas privadas como en entidades estatales que se mantienen obstinadamente por debajo del 30%. Este fracaso en el cumplimiento de las cuotas establecidas subraya lo que muchos consideran una persistente falta de voluntad política para hacer cumplir las regulaciones existentes.
Un momento decisivo para la administración
A medida que la administración Kast comienza su mandato, el mensaje del sector sin fines de lucro es claro: el tiempo para el progreso incremental ha pasado. La inclusión de las personas con discapacidad ya no es un tema de nicho, sino un desafío fundamental de derechos humanos que requiere una estrategia cohesiva liderada por el Estado. Dado que la administración ha señalado previamente una apertura a estas propuestas, los próximos meses serán una prueba crítica de si estas intenciones se manifestarán como mejoras legislativas y presupuestarias concretas para los millones de chilenos que actualmente han quedado atrás.
