El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles la Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como Ley Miscelará o 'Tutti Frutti', un paquete que incluye más de 40 medidas para reactivar el mercado laboral y reducir la carga tributaria a las empresas.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, detalló que el proyecto busca atacar la tasa de desocupación, que se mantiene por encima del 8% desde hace 38 meses. La propuesta incluye un incentivo a la contratación de trabajadores con bajas remuneraciones mediante una devolución de hasta el 15% del salario pagado, vía crédito en el pago previsional mensual (PPM) o IVA.
Según estimaciones de la cartera de Trabajo, esta medida tendrá un costo fiscal de entre US$ 1.200 millones y US$ 1.300 millones. El ministro Rau prefirió calificar este gasto como una “inversión” debido al impacto esperado en el empleo.
“En Europa, estas medidas han tenido éxito, obviamente, en algunos países que son más desarrollados que nosotros, como Suecia, Francia, y podrían generar una buena cantidad de empleo. No me quiero casar con una cifra ahora”, afirmó Rau en una entrevista con T13 Radio.
El paquete legislativo también contempla una reducción escalonada del impuesto de primera categoría, pasando del actual 27% al 23%. El Ejecutivo busca que esta rebaja fomente la inversión, sumando además la exención del pago de IVA por 12 meses para la compra de viviendas y la eliminación del impuesto del 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil.
Reacciones y tensiones parlamentarias
La propuesta enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso. El senador Daniel Núñez (PC) calificó de “irresponsable” la rebaja del impuesto corporativo y advirtió sobre posibles riesgos de desorden social.
“Este supuesto, este dogma que hay de que al bajar los impuestos hay crecimiento económico es un dogma de un fanatismo ideológico que no tiene sustento práctico y real en la economía de los países”, sostuvo el parlamentario en diálogo con Radio El Mostrador.
Núñez criticó además la gestión de la administración de Kast, señalando que la reducción de ingresos fiscales podría generar inestabilidad. “Es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo, porque estamos periendo una base muy importante de financiamiento y vamos a crear entonces conflictos sociales al por mayor y eso trae inestabilidad social y inestabilidad política”, afirmó.
El senador también acusó una falta de sensibilidad hacia la clase trabajadora: “Yo lo veo muy insensible frente a los problemas cotidianos que vive la gente, la clase trabajadora en Chile, los ciudadanos de a pie. Y esto se grafica incluso en las encuestas. No solamente hemos tenido grandes problemas en su promesa de combatir la delincuencia, dar más seguridad, pero en paralelo hoy día nos creó una nueva emergencia. El gobierno creó una emergencia que el país no tenía, que es la emergencia económica por el alza en el costo de la vida”.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) también manifestó su rechazo al proyecto si no se establecen mesas de negociación. El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, advirtió que no darán su respaldo si la ley se impone sin diálogo previo.
“Si me pretenden pasar una ley macedonia donde me quieren pasar de contrabando eso, por ningún motivo van a tener nuestros votos. De ninguna manera”, declaró Valenzuela a El Diario de Cooperativa.
El parlamentario denunció que el Ejecutivo no ha mantenido conversaciones formales con su sector y criticó específicamente la medida de eliminar la gratuidad universitaria para personas mayores de 30 años. “Nos parece una pésima idea y prácticamente un ataque directo a la clase media. Para nosotros es imposible aprobar eso”, señaló.
El PDG planteó condiciones para su apoyo, como la reinstalación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) para incentivar la reinversión local y la devolución del IVA en medicamentos y pañales. Respecto a la rebaja tributaria, Valenzuela cuestionó su efectividad inmediata: “Si el objetivo es crecer y dinamizar la economía, la rebaja corporativa no sé si es la mejor herramienta. Podría tener efecto recién en cuatro o cinco años”.
En el ámbito de políticas sociales, el ministro Rau también anunció que el proyecto de Sala Cuna se retomará para implementarse en los próximos meses, con el fin de eliminar la asimetría que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proveer este servicio, pero no a las que tienen 19 o menos.
