El Presidente José Antonio Kast utilizó su primera Cuenta Pública este 2 de junio para desplegar una agenda centrada en el alivio económico, anunciando un bono de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años. La medida está dirigida exclusivamente a las familias que integran el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, según detalló el Ejecutivo.
“Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar desafíos porque sabemos que cuando los precios suben son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren”, remarcó el Mandatario durante su discurso. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, confirmó que el proyecto de ley será ingresado al Congreso en las próximas semanas con carácter de “suma urgencia” para acelerar su implementación.
En paralelo a la agenda social, el Gobierno enfrenta una creciente presión política por la entrega de indultos presidenciales, un tema que Kast omitió deliberadamente en su alocución ante el Congreso. El domingo previo a la ceremonia, el jefe de Estado había anticipado: “No voy a anunciar nada respecto a este tema”, aunque reafirmó que la facultad de indultar le pertenece exclusivamente a su cargo.
Actualmente, La Moneda se encuentra revisando cerca de 30 solicitudes de indulto presentadas por condenados vinculados al ex penal Punta Peuco y efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros sentenciados por causas relacionadas con el estallido social de 2019. Según reportó La Tercera, el Ejecutivo espera realizar anuncios sobre estas resoluciones en los próximos días.
La presión sobre el Gobierno ha escalado desde las filas del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL), especialmente tras el fallecimiento del exfiscal militar Óscar Alfonso Podlech, quien cumplía condena por crímenes de lesa humanidad en el penal Colina 1. La molestia en el sector libertario ha llegado al extremo de exigir públicamente la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, militante de Renovación Nacional.
El debate sobre los indultos se entrelaza con la gestión del penal Punta Peuco, recinto que el expresidente Gabriel Boric transformó en una cárcel común. El actual Mandatario ha manifestado su intención de revertir dicha medida y ya ordenó el traslado de tres reos desde el penal, una decisión que generó críticas opositoras y descoordinaciones comunicacionales en La Moneda, donde inicialmente se atribuyó la responsabilidad a Gendarmería.
El escenario político se mantiene tenso, con sectores del oficialismo esperando que el Gobierno concrete los beneficios para los condenados. Mientras tanto, el Ejecutivo busca avanzar en su agenda económica, intentando mitigar el impacto del costo de la vida para las familias chilenas mediante el nuevo bono por hijo.
