El Gobierno de José Antonio Kast diseñó una propuesta preliminar para rebajar el impuesto a las empresas de manera gradual entre los años 2028 y 2030. El plan busca reducir la tasa corporativa actual del 27% al 23% mediante la reintegración del sistema tributario.
La estrategia busca compatibilizar la reactivación económica con las restricciones fiscales vigentes. El diseño posterga el mayor impacto en la recaudación para los últimos años del periodo propuesto.
Presión gremial y fiscalización de deudas
En paralelo, gremios de camioneros advirtieron que habrá consecuencias si no se frenan los nuevos incrementos en el precio de los combustibles. Las organizaciones señalaron que las alzas en el diésel han generado complicaciones logísticas y tarifas que podrían superar el 25%.
Los transportistas alertaron que no pueden seguir absorbiendo estos costos y no descartaron movilizaciones nacionales si no se implementan medidas urgentes.
Por otro lado, la contralora Dorothy Pérez dictaminó que la Tesorería General de la República tiene facultades para cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). El pronunciamiento valida la estrategia del Ejecutivo para recuperar estos recursos mediante vías administrativas y judiciales.
La Contraloría también anunció auditorías para fiscalizar el desempeño de la Tesorería en estos procesos de cobranza. El dictamen despeja las dudas jurídicas que pesaban sobre la ejecución de la garantía estatal.
Finalmente, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, informó que el Ejecutivo entregará explicaciones ante la Contraloría por una cena privada del Presidente en La Moneda. La actividad, realizada con excompañeros universitarios, enfrenta denuncias parlamentarias sobre el uso de recursos públicos.
