Valentina Ilic Vigil, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finis Terrae, ha cuestionado la reciente tendencia del Gobierno chileno de recurrir a medidas de seguridad punitivas en los establecimientos educacionales. La académica sostiene que el uso de detectores de metales y tácticas similares no logra abordar las causas de raíz del aumento de la violencia escolar.
Esta crítica surge tras un periodo de gran inestabilidad en el sistema educativo nacional. Datos recientes revelan que en los últimos doce meses se registraron más de 22.500 denuncias de violencia escolar en Chile. Las amenazas e intentos de ataque en diversos establecimientos han situado la seguridad en las aulas en el centro de la agenda nacional.
Vigil destaca una desconexión significativa entre las políticas gubernamentales actuales y la investigación académica existente, señalando cientos de estudios que demuestran el nulo efecto preventivo de los detectores de metales en entornos educativos.
Hacia un enfoque de prevención comunitaria
La implementación de estas herramientas de seguridad podría generar consecuencias no deseadas en el alumnado. Según la académica, estas medidas impactan negativamente en la percepción de seguridad que los estudiantes tienen dentro de sus propios colegios.
La comunidad académica ha identificado mecanismos específicos que logran prevenir la violencia de manera efectiva, tales como los programas de "enfoque de toda la escuela", que integran a diversos miembros de la comunidad educativa.
Una prevención exitosa requiere la participación activa de docentes, estudiantes, familias y directivos. Estas iniciativas se basan en estrategias colaborativas y un compromiso a largo plazo, en lugar de recurrir al aumento de la vigilancia o a barreras físicas.
Vigil critica al Gobierno por ignorar la evidencia empírica establecida, argumentando que quienes toman las decisiones se están moviendo en una dirección que contradice los hallazgos científicos.
La directora del Centro de Políticas Públicas hace un llamado a poner fin a las políticas que carecen de base científica. Asimismo, afirma que el Estado cuenta con la información necesaria para implementar intervenciones exitosas, pero que sigue apostando por métodos ineficaces.
El aumento en los reportes de violencia ha impulsado una reevaluación de la gestión de la seguridad estudiantil en las instituciones. La presencia de estos ataques documentados en las escuelas ha forzado a las autoridades a reaccionar con soluciones inmediatas basadas en infraestructura y dispositivos.
El enfoque actual en los detectores de metales representa una de las principales respuestas de la administración vigente. No obstante, el sector académico sostiene que la información necesaria para implementar cambios efectivos ya está a disposición del Estado.