Carolina Gainza, investigadora del think tank Nodo XXI y exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha criticado públicamente las propuestas del gobierno de revocar la gratuidad a estudiantes involucrados en actos de violencia. La iniciativa, respaldada por el ministro de Ciencia, Lincolao, y otros funcionarios de la administración, sugiere que los estudiantes que incurran en conductas violentas deberían perder sus beneficios de ayuda financiera.
Gainza sostiene que este enfoque punitivo ignora los marcos legales establecidos. Señala la Ley N° 21.091, que define la educación superior como un derecho y no como un privilegio. Argumenta que utilizar la gratuidad como herramienta disciplinaria conlleva el riesgo de crear una "doble sanción" que, en la práctica, impide el progreso profesional y la integración social de las personas de bajos ingresos.
El debate sobre la educación como derecho
"Un derecho no es algo por lo que se deba estar agradecido, sino algo que debe ejercerse", escribió Gainza en una columna reciente. Rechazó explícitamente la descripción de la gratuidad como un "beneficio" o "privilegio" por el cual los estudiantes deberían dar las gracias, afirmando que ese tipo de lenguaje socava décadas de avances en materia de equidad educativa.
Gainza también criticó el reciente discurso público del Ministerio de Ciencia sobre la materia. Cuestionó las afirmaciones de funcionarios respecto a la prevalencia de la violencia en los sistemas educativos internacionales, citando específicamente comentarios que sugerían la inexistencia de la violencia en Estados Unidos. Calificó estas declaraciones como inexactas y desconectadas de las investigaciones documentadas.
"Quienes lideran el Ministerio de Ciencia tienen una responsabilidad especial", afirmó Gainza. "Deben ser los primeros en demostrar que el conocimiento científico, y no la conveniencia política, es lo que guía sus declaraciones públicas. Esta coherencia es la base de su legitimidad".
La controversia pone de relieve una creciente división sobre cómo las instituciones académicas deben gestionar la violencia en los campus. Mientras el gobierno busca implementar consecuencias disciplinarias más estrictas, los críticos argumentan que vincular la ayuda financiera a la conducta sienta un precedente peligroso que amenaza la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación. El Ministerio de Ciencia aún no ha emitido una respuesta formal ante estas críticas específicas sobre la base probatoria de sus propuestas de política pública.
