El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este 30 de abril una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, por cargos relacionados con el tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a cambio de sobornos y apoyo político. Las autoridades estadounidenses identificaron a los implicados como colaboradores clave de la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
La lista de funcionarios señalados incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; al comisario general de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés; al excomisario Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; al comandante de la Policía Estatal Preventiva, José Dionisio Hipólito; al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y al comandante de la Policía Municipal, Juan Valenzuela Millán.
En su conferencia matutina del 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condicionó cualquier acción judicial a la presentación de pruebas irrefutables. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó la mandataria. Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) evaluará la información, pero enfatizó que no permitirá la injerencia extranjera en decisiones soberanas, recordando que México mantiene una relación de iguales con otras naciones.
La presidenta también contrastó este caso con la falta de resolución en otros temas de seguridad bilateral. “No se ha aclarado lo de Chihuahua”, declaró al referirse al incidente donde agentes de la CIA participaron en un operativo en dicho estado y fallecieron en un accidente carretero. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que ha recibido las solicitudes de extradición y adelantó que enviará una “nota de extrañamiento” a la Embajada de Estados Unidos por haber violado la confidencialidad de la información.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, advirtió que la cooperación internacional debe ajustarse estrictamente a los cauces institucionales y al Tratado de Extradición vigente. “No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, señaló Mier. El legislador enfatizó que cualquier actuación fuera de estos marcos carece de validez jurídica y vulnera la soberanía nacional.
Analistas citados por Bloomberg a través de El Financiero señalan que este caso coloca a la administración de Sheinbaum en una encrucijada diplomática, especialmente ante la posibilidad de tensiones con el gobierno de Donald Trump. La negativa a cooperar podría escalar fricciones económicas, mientras que una entrega inmediata de los funcionarios sería vista como una traición por el ala dura de Morena. El caso ha adquirido un matiz político interno debido a la cercanía de Rocha Moya con figuras como Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, con quien el gobernador compartió eventos públicos y fotografías a inicios de 2025.
