El abogado Jorge Valladares Opazo presentó su renuncia formal a la representación legal de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La notificación, remitida al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, deja a la investigada sin una defensa particular activa en la causa.
Mediante un escrito presentado ante el tribunal, el jurista manifestó su intención de dejar el patrocinio de la exmagistrada. “Por motivos estrictamente profesionales, vengo a renunciar al patrocinio y poder que se me ha conferido por doña Ángela Francisca Vivanco Martínez”, detalló Valladares en el documento judicial.
Tras conocer la renuncia, el juez Cristian Azócar acogió la solicitud y dispuso el traslado de la materia a la Defensoría Penal Pública. La institución, liderada por Víctor Providel, asumirá la defensa técnica de Vivanco de manera provisional.
Esta designación de oficio funcionará como un mecanismo de transición mientras la exministra gestione la contratación de un nuevo equipo legal para su defensa. El tribunal dejó abierta la posibilidad de reorganizar la estrategia jurídica en los próximos días.
La investigación de la Trama Bielorrusa
La salida de Valladares ocurre en un periodo de alta complejidad procesal para Vivanco. El abogado había liderado recientemente la presentación de un recurso de amparo con el objetivo de revertir la medida de prisión preventiva que cumple la exministra.
La causa, denominada “Trama Bielorrusa”, investiga presuntas irregularidades en procesos judiciales. El foco de la indagación se centra en gestiones vinculadas a disputas legales entre el consorcio Belaz Movitec y la empresa estatal Codelco.
La fiscalía busca determinar la existencia de maniobras ilícitas en el marco de estas controversias comerciales. La investigación ha puesto bajo la lupa la actuación de la exmagistrada en causas relacionadas con dicho conflicto.
A fines de marzo, la situación jurídica de Vivanco se agravó tras una audiencia de reformulación en el Séptimo Juzgado de Garantía. En dicha instancia, se le imputaron nuevos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.
A pesar de los intentos de la defensa por modificar su situación cautelar, la exministra permanece bajo la medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso investigativo.
