La Cámara de Diputados aprobó este lunes la creación de una comisión investigadora para indagar los hechos de violencia ocurridos durante el periodo del estallido social. La iniciativa, impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL), busca determinar responsabilidades políticas, institucionales y el eventual financiamiento de los desmanes.
La votación arrojó 65 votos a favor, 39 en contra y 17 abstenciones. El alcance de la investigación abarca desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 11 de marzo de 2026, fecha del cambio de mando presidencial.
Foco en ministerios y financiamiento
El proyecto busca recopilar información sobre la actuación de carteras clave, incluyendo los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, además de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Secretaría General de Gobierno. La bancada del PNL sostiene que estos organismos participaron en la contención y control de los hechos de violencia.
Según el enunciado de la votación, la comisión investigará la participación de diversos grupos, tales como barras bravas, agrupaciones sociales, estudiantes y ONGs, en calidad de autores o instigadores. El objetivo central es hallar la verdad sobre la organización y la logística de estos eventos.
El diputado Hans Marowski, subjefe de la bancada del PNL, afirmó que es necesario "transparentar al país las instituciones, las organizaciones y los partidos políticos que pueden estar involucrados en la planificación, en el financiamiento y en la violencia en la calle". Marowski añadió que la instancia busca investigar la respuesta institucional ante los hechos.
Por su parte, el diputado Pier Karlezi señaló que existe una "niebla impenetrable" sobre la organización y operatividad de lo ocurrido. "Queremos saber y esto no es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia, saber quién financió y cuáles fueron los medios utilizados por estas facciones terroristas", declaró Karlezi.
Tras la aprobación, la Cámara deberá definir la integración de los parlamentarios que conformarán la comisión. Una vez constituida, los diputados dispondrán de un plazo de 60 días para entregar sus conclusiones finales sobre la investigación.
