Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, señaló ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que el proyecto gubernamental "Escuelas Protegidas" no aborda las causas de raíz de la violencia en los entornos educativos.
Al comparecer ante la comisión, Quesille argumentó que el fuerte énfasis de la iniciativa en la vigilancia y las sanciones carece del enfoque necesario en el apoyo psicosocial y la salud mental.
“Vemos dónde falla”, afirmó Quesille, criticando que el proyecto priorice el control y la intervención policial por sobre la prevención estructural.
Un enfoque en el control por sobre el cuidado
La iniciativa "Escuelas Protegidas" propone diversas medidas para frenar la violencia escolar, tales como la revisión de mochilas, la prohibición del uso de mascarillas y la restricción de beneficios universitarios para personas con ciertas condenas penales.
Quesille sostuvo que, si bien el Estado debe responder a la violencia escolar, cualquier respuesta debe ser proporcional y compatible con los derechos de los menores.
“El problema de este proyecto es que se enfoca principalmente en el control, la inspección, la sanción y la intervención policial”, señaló Quesille. “No desarrolla medidas preventivas, apoyo psicosocial, convivencia escolar o salud mental con la misma fuerza”.
Señaló que el enfoque legislativo actual promete orden, pero no logra construir las condiciones estructurales necesarias para prevenir la violencia de manera sostenible ni para reparar el daño causado por incidentes pasados.
Quesille hizo un llamado a un cambio de paradigma, pasando de una política de "castigar primero" a una de "cuidar primero".
Advirtió que las escuelas son un reflejo de problemas sociales más amplios, como la pobreza, la delincuencia y la falta de protección social. Según el Defensor, la propuesta actual carece de la integración necesaria para abordar estas complejas dimensiones.
“Detrás de cada acto de violencia hay una historia de vida que refleja el abandono de los niños por parte del Estado”, afirmó Quesille.
Concluyó instando a los legisladores a adoptar soluciones técnicas basadas en evidencia en lugar de ideológicas, asegurando que el proyecto actual no está a la altura de la gravedad de la crisis.
