El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se ha transformado en el principal dolor de cabeza para el gobierno de José Antonio Kast. A través de una serie de presentaciones ante la Contraloría, el parlamentario ha logrado cuestionar tanto la gestión administrativa como la conducta de las autoridades de Palacio.
La última arremetida del legislador se centra en el incumplimiento de la ley que obliga a ministros y subsecretarios a someterse a exámenes de drogas. Manouchehri denunció que las nuevas autoridades no realizaron los controles capilares al momento de asumir sus cargos, tal como exige la normativa vigente.
La trampa de las leyes misceláneas
El origen de este conflicto se remonta a una indicación presentada por Manouchehri durante la tramitación de la ley de reajuste del sector público, poco antes del fin del mandato de Gabriel Boric. La norma, apoyada transversalmente, estableció que los exámenes de drogas deben ser obligatorios, periódicos y con resultados públicos para las altas autoridades.
El Ejecutivo argumentó que la falta de reglamentos y problemas de financiamiento impidieron el cumplimiento oportuno de la ley. Sin embargo, ante la presión del requerimiento en Contraloría, el presidente Kast se realizó un examen de pelo voluntario el pasado 8 de abril para intentar cerrar la controversia.
La estrategia de Manouchehri no se limita al ámbito legislativo. El diputado también presentó una denuncia contra la primera dama, Pía Adriasola, por supuestas irregularidades sanitarias en la manipulación de alimentos durante un almuerzo en La Moneda. Tras esta acción, la División de Fiscalización de la Contraloría ofició a la Presidencia para aclarar los hechos.
El presidente Kast criticó el uso político de estas instancias de fiscalización. "Entiendo el rol de la oposición, pero les pido que entiendan cuál es el deber para con Chile. Si alguien opta por fiscalizar, entiendo que para servir un plato de comida en un casino público uno tiene que cumplir ciertas normas, pero de ahí a escalar eso a un hecho político, hay una gran distancia", declaró el mandatario en una entrevista reciente.
La ofensiva del parlamentario socialista incluye además una indagatoria sobre la contratación de la empresa "Sofía Jottar Banquetería" para el evento del 11 de marzo. Manouchehri sostiene que la proveedora estaría inhabilitada para trabajar con el Estado debido a deudas previsionales pendientes. Actualmente, la contralora Dorothy Pérez debe decidir si estas faltas administrativas ameritan la apertura de sumarios contra los colaboradores del Ejecutivo.
