El Gobierno de Chile venderá una propiedad estatal ubicada en el sector de La Parva tras el vencimiento de su concesión de largo plazo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmaron el plan de liquidar el activo para robustecer los fondos soberanos.
La decisión busca generar ingresos en un periodo de fuerte presión fiscal para la administración. Las autoridades pretenden utilizar la venta para fortalecer las reservas nacionales mediante la enajenación de activos que no se consideran esenciales.
"Hay muchos activos en los ministerios... incluso algunos refugios en La Parva. Así es. Los vamos a vender", afirmó Quiroz. El ministro planteó la medida como un "principio ético" en lo que respecta a la gestión del tesoro público.
Estrategia de liquidación de activos
La propiedad en cuestión se encontraba bajo una concesión de 25 años otorgada a una comunidad de vecinos local. Este acuerdo tuvo dos renovaciones posteriores de cinco años cada una antes de la reciente finalización del contrato.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmó que el inmueble ya no cumplirá su función comunitaria anterior. "Esa concesión terminó... y vamos a poner esa propiedad a la venta, porque ya no estará a disposición de los vecinos de La Parva", señaló Parot.
La venta forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para identificar y vender activos estatales que se consideran subutilizados. El Ministerio de Hacienda revisa actualmente un catálogo de bienes estatales que podrían generar ingresos extraordinarios.
Este giro representa un cambio en la forma en que el Gobierno gestiona el patrimonio público. La administración se está alejando de los modelos de concesión a largo plazo para optar por la venta directa de activos, con el fin de enfrentar las restricciones presupuestarias.
El Gobierno pretende priorizar la eficiencia de los activos fiscales por encima del mantenimiento de patrones de uso históricos. Esto incluye propiedades que históricamente han servido a fines comunitarios, pero que ya no se consideran estratégicamente esenciales para el Estado.
