A casi tres años de la creación de la Comisión Jaraquemada, la fundación Chile Transparente presentó un balance sobre la implementación de las 46 medidas de probidad impulsadas tras el estallido del caso Convenios. El informe concluye que el gobierno del presidente Gabriel Boric alcanza un 63% de avance en sus compromisos de integridad pública.
La entidad destaca que el Ejecutivo logró sentar un piso importante para la relación entre el Estado y las organizaciones privadas sin fines de lucro. Sin embargo, advierte que las reformas requieren continuidad política y técnica para consolidarse como cambios estructurales profundos.
Un legado normativo bajo examen
El desglose de los datos indica que 29 de las 46 medidas propuestas presentan algún grado de desarrollo. Según la medición, las acciones de corto plazo registran un 79% de avance, mientras que las de mediano y largo plazo se sitúan en 55% y 57%, respectivamente. La fundación aclara que gran parte de los progresos actuales responden a gestiones administrativas o estudios, más que a resultados consolidados.
La responsabilidad del cumplimiento se divide entre los poderes del Estado. El Ejecutivo registra un 64% de avance en las tareas asignadas, mientras que el Congreso Nacional muestra un 47% de progreso en las iniciativas legislativas.
El informe subraya avances sustantivos en la unificación del marco regulatorio para entidades sin fines de lucro. Entre los puntos destacados figura la obligatoriedad para instituciones que reciben más de 1.500 UTM de publicar sus estados financieros y convenios en portales web, además del fortalecimiento del Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
No obstante, la evaluación identifica puntos críticos pendientes. El estudio señala que los avances respecto a entidades religiosas son mínimos. Asimismo, la Oficina Presupuestaria del Congreso Nacional funciona solo de manera parcial, limitando su impacto como ente autónomo.
Otras tareas que quedaron sin resolver incluyen una estrategia clara sobre la tercerización de servicios públicos y la falta de vinculación efectiva entre los objetivos país y la ejecución presupuestaria. Chile Transparente enfatiza que, aunque se han creado estándares de datos abiertos y mayor fiscalización, el éxito final de estas reformas dependerá de la voluntad de los gobiernos venideros para cerrar las brechas pendientes.
