La Red de Centros de Pensamiento Progresista entregó un balance crítico a los parlamentarios de oposición sobre el primer mes de la política económica del Gobierno de José Antonio Kast. El informe, redactado por un grupo de economistas del sector, concluye que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo carecen de una estrategia coherente.
El análisis advierte que las medidas actuales trasladan el costo de la crisis internacional a las familias chilenas. El documento anticipa un escenario de menor crecimiento económico, acompañado de una mayor inflación y un aumento en los niveles de desempleo y pobreza en el país.
El impacto de la política de combustibles
El informe identifica como principal error de gestión la decisión de eliminar la amortiguación del mecanismo MEPCO. Con esta acción, el Gobierno traspasa el alza del precio internacional del petróleo directamente a las familias y a las empresas nacionales.
Los economistas del grupo sostienen que esta medida no obedeció a una necesidad de ajuste fiscal. Según el documento, la decisión "fue una opción ideológica cuyos costos pagan los de siempre".
El alza de los combustibles genera efectos directos y acumulativos en la economía doméstica. El informe detalla que este incremento eleva la inflación y encarece el acceso a bienes básicos. Asimismo, advierte que la situación aumenta el costo de los créditos para la población.
El análisis también cuestiona la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. La crítica se centra en la rebaja del impuesto corporativo, medida que reduciría los ingresos fiscales y beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos.
En este contexto, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, alertó sobre el impacto en las finanzas públicas. El parlamentario señaló que la reducción del impuesto corporativo podría generar un déficit cercano al 1% del PIB, lo que reduciría significativamente la recaudación fiscal.
Desde la oposición, se exige una revisión del rumbo de la política económica. Los parlamentarios insisten en la necesidad de impulsar medidas que prioricen la estabilidad y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos. El debate se intensificará en el Congreso con la llegada de las próximas reformas del Ejecutivo.
